Natalia Caballero
El empresario acusado de pagar para tener sexo con una menor, Carlos Cassab, ya se encuentra cumpliendo detención domiciliaria en su finca de Ullum. La medida fue dispuesta la semana pasada, y aunque había quedado en suspenso a la espera de la llegada de la pulsera electrónica, el juez de garantías ordenó su traslado a pesar de que el artefacto todavía no haya llegado.
Cassab está acusado junto con Roberto “Fido” Galván y una mujer de 32 años del delito de facilitación y promoción de la prostitución en perjuicio de una adolescente de 14 años. La acusada es la tía de la menor y se supone que la entregó como objeto sexual a Cassab y a Galván, además de intentar prostituir a una amiga de su sobrina, que también es menor de edad.
Por pedido de la fiscal Valentina Bucciarelli de la Unidad Fiscal de Investigación del Centro ANIVI, los tres acusados están detenidos con prisión preventiva desde el 18 de marzo. En la investigación llevada a cabo se reveló que la tía actuaba como “madama” y ofrecía a su sobrina, menor de edad, a estos dos hombres a cambio de dinero. Hasta el momento, se sabe que Galván habría tenido al menos tres encuentros sexuales con la menor y Cassab, uno.
Los dos acusados la habrían ofrecido regalos y más dinero a la adolescente para convencerla de nuevas citas y hasta se sospecha de que la tía se contactó con otro hombre para entregarle a su sobrina. Los abogados defensores de Cassab pidieron que no se detenga al empresario, pero los fiscales Buccciarelli y Grassi argumentaron que la prisión preventiva era necesaria ya que los delitos por los que se los acusa son graves. Además, existía el peligro de que los acusados tuvieran algún tipo de contacto con la víctima o los testigos.
Marcelo Fernández, uno de los abogados de Cassab, insistió con la detención domiciliaria ya que el empresario tiene 73 años y un estado deteriorado de salud y con riesgo de contagiarse de coronavirus en un lugar de detención junto a otros reos. El juez de garantías Matías Parrón concedió el beneficio con la condición de que se lo monitoree a través de una pulsera electrónica, dispositivo que aún no llega. Sin embargo, hasta que la misma llegue, se determinó la vigilancia policial en su domicilio.