El gobernador Osvaldo Jaldo marcó nuevamente la línea de conducción en materia de seguridad: la depuración en la Policía continuará “en cualquier sector o unidad” donde se detecten delitos dentro de la fuerza.
Su postura llega luego de la expulsión del ex jefe regional y su segundo por utilizar a policías y a personas privadas de su libertad en tareas particulares en la zona de El Cadillal, un episodio que sacudió a la Regional Norte.
La institución y los hechos aislados
Jaldo sostuvo que, más allá de estas graves irregularidades, la Policía de Tucumán ha tenido un papel determinante en la reducción del delito: “Hoy la Policía de Tucumán, junto con la Justicia y las políticas de gobierno en materia de seguridad carcelaria que hemos implementado, ha bajado sustancialmente todos los índices de homicidios y de los diferentes delitos en la provincia”, afirmó.
También advirtió que hay integrantes que “no han entendido el mensaje” respecto de las reglas internas y el compromiso institucional.
Sin embargo, pidió diferenciar los comportamientos individuales del desempeño general de la fuerza: “Hay que separar el accionar de un integrante de la fuerza de lo que es la fuerza en general. Hoy la institución policial viene cumpliendo un rol muy importante en preservar la vida y los bienes de quienes viven en la provincia”.
Cesantías, sumarios y un mensaje sin grietas
El gobernador explicó que los policías involucrados fueron apartados de inmediato: “Algunos ya han sido separados totalmente de la fuerza, por un decreto firmado por quien habla; otros están siendo sumariados para determinar su nivel de responsabilidad”, indicó.
La decisión, remarcó, no se limitará a un caso puntual: “Esta es una oportunidad para seguir depurando la fuerza. Tenemos buenos policías dentro de la institución, pero aquellos que obran fuera de la ley y de la Constitución serán separados".
"Como lo hicimos con la Regional Norte, lo haremos en cualquier sector o unidad donde se cometan delitos dentro de las fuerzas policiales”.
El mensaje quedó claro: una política de impunidad cero, con apoyo a quienes cumplen su deber y sanción inmediata a quienes vulneren la ley.