El 17 de junio del año 2019, el día en que se conmemora al General Martín Miguel de Güemes en Salta, cerca de las 5 de la madrugada el hombre acusado entro sigilosamente y sin autorización a la casa de la víctima, su expareja y quien había solicitado una orden de restricción en su contra, ubicada en el barrio Palmeritas de la ciudad de Salta, entró en la habitación y abusó sexualmente de ella mientras esta dormía.
Cuando se despertó, la mujer notó que estaba desnuda y vio al acusado parado en frente de su cama, entonces se levantó, se dirigió hacia él y comenzó a increparlo. En ese momento, el hombre se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla.
Tras la denuncia, el joven de 25 años fue imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el género y por la relación de pareja; amenazas con armas; desobediencia a la autoridad y violación de domicilio; y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real, en calidad de autor.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa. En sus fundamentos el fiscal sostuvo que el acusado incurrió en los delitos intimados, al ingresar al domicilio sin la debida autorización, durante la madrugada y mientras todos dormían. Luego atentó contra la integridad sexual de la damnificada al desplegar actos corporales de contenido esencialmente sexual, sin que ella pudiera consentir tal accionar porque dormía.
Por otra parte, tras el examen médico se pudo constatar que la víctima sufrió lesiones cuando el imputado intentó asfixiarla y le mordió la mano izquierda. El delito de lesiones está agravado por ser provocado por un hombre en perjuicio de una mujer, por lo que se encuadra dentro de la violencia de género, ya que hay un ejercicio de un poder estructural por parte del encartado hacía la víctima en situación asimétrica y desigual.
Además, están las amenazas que el joven profirió a su expareja, esgrimiendo un cuchillo y le decía “cagate por puta, te voy a cagar matando”. El acusado también incurrió en el delito de desobediencia a la autoridad, al transgredir una orden judicial que le prohibía el acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y de su domicilio.