La escuela Tambor de Tacuarí en Coronel Juan Solá, Morillo alimenta a 320 chicos de cuatro comunidades wichís, pero esta semana nadie cocina para ellos. Es que el director del establecimiento, Daniel Zacarías fue denunciado por los padres de los alumnos por malgastar o no usar los fondos del comedor escolar para comprar alimentos, siendo unos $ 14.000 por día, es decir $ 280.000 por mes. Entre las quejas, sostienen que sus hijos, extremadamente vulnerables, reciben repetidamente polenta, sopas de frangollo, guisos de fideo y arroz sin carne.
A pesar de que el Ministerio de Educación de Salta intervino para desplazar de su cargo a Zacarías tras una década en el mismo, se le permite jubilarse como director de la escuela, a pesar de dejar a la institución en un estado deplorable y no alimentar correctamente a los alumnos. Norma Calvo es la docente que quedará al frente de la escuela, pero fue nombrada como suplente en lugar de interina, lo que le permite a Zacarías retirarse como director.
Más complicaciones se suman a esta historia: cuando los padres elevaron la nota al Ministerio para pedir la separación de Zavarías del cargo, pidieron también que saquen a su esposa, la docente Marisa Torres. Esto se debe a que sus antecedentes muestran que no se explica su presencia en las aulas, siendo cesanteada por la Provincia en el 2011 por malversar los fondos escolares entre 1995 y 1998 en la escuela de El Sauce, Morillo, institución de la cual fue directora.
La docente nunca pudo justificar un faltante de $ 10.300, en una época en la que el peso tenía el mismo valor en dólares, y fue separada de su cargo en 1998. A pesar de esto, siguió trabajando hasta el 2011 cuando la cesantearon, pero reapareció hace unos años en las aulas de la escuela Tambor de Tacuarí, donde su esposo se desarrollaba como director.
El mayor daño de esta situación es que afectan gravemente la salud de los niños, malversando recursos estatales y sin control de las autoridades de turno, lo cual permite que se sigan perpetuando estas atrocidades. Esto se demuestra claramente en el caso de Zacarías, a quien se le permite jubilarse como director de la institución, y también en el de su mujer, a quien se le permitió volver a las aulas a pesar de la denuncia en su contra y de haber sido cesanteada en noviembre del 2011. En esta situación, los padres de los alumnos sostienen que ambas figuras están siendo premiadas por malgastar fondos que afectan la salud de sus alumnos, y exigen una investigación profunda de los hechos.
