Más de 70 funcionarios públicos de Salta son investigados por gestionar el cobro y, en algunos casos, cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia que el Gobierno nacional destinó a las personas afectadas por la pandemia. El escándalo se desató el año pasado y salpicó a los Concejos Deliberantes de diferentes municipios, también a intendentes, al Pami y a la gerencia de Anses.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos, a cargo de la investigación, adelantó que la próxima semana, la Cámara de Casación de Buenos Aires definirá una condena para los tres gerentes de ANSES Salta acusado de intentar beneficiarse del IFE.
“La investigación tuvo distintos tiempos de formalización atento a las circunstancias particulares de los supuestos, y también a las pruebas. Tenemos más de 70 personas formalizadas, dentro de los cuales hay un grupo en etapa de juicio. En el caso de los funcionarios del PAMI, la defensa solicitó una suspensión del juicio, a cambio de que el imputado se comprometa a reparar el daño causado, ya sea con una inmunización o tareas comunitarias”, explicó Toranzos en una entrevista con Central Policial.
Toranzos detalló además que la Fiscalía se opuso al ofrecimiento porque “con casos que solicitaron el IFE y lo cobraron, entonces entendimos que su ofrecimiento no era suficiente”. En los próximos días, la Cámara de Casación de Buenos Aires definirá si autoriza que haga reparación del daño, o se va juicio en busca de una condena.
“Todos los funcionarios investigados pidieron el IFE. A algunos el sistema los rechazó, y están acusados de tentativa a la defraudación pública. Otros lo pidieron, el sistema los aprobó pero cuando les estaban por dar el dinero no presentaron la cuenta para el depósito. Este grupo pide como solucionar el conflicto que se les pida solucionar el daño. El tercer grupo que cobró”, finalizó.