Catalina Dieuzeide
Tras la solicitud de la Dra. Claudia Geria, la Fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género N° 1, personal de la Unidad de Investigaciones del CIF intervino para resguardar la integridad psíquica, física, económica y emocional de dos adultos mayores sometidos a maltratos.
La decisión de destinar a la Unidad Especial del CIF en la investigación fue del Procurador General Dr. Abel Cornejo, advirtiendo el riesgo que involucra la violencia infringida a las personas mayores de edad. Es importante recordar que los adultos mayores no suelen denunciar sus situaciones de maltrato, por lo que es importante que los testigos de estas acciones sean quienes alcen la voz.
Los organismos correspondientes toman conocimiento de la situación tras la denuncia de la hija de uno de ellos, un hombre de 71 años de edad, propietario de la vivienda de barrio Juan Pablo II donde eran maltratados. La mujer de apellido Reyes maltrataba físicamente a su progenitor, aislándolo del grupo familiar para que no pudiera pedir ayuda.
La demandada aparentemente se hizo pasar por pareja del hombre, se instaló como supuesta “asistente terapéutica”, y tras un año de estadía albergó a distintos miembros de su familia. Utilizó la misma modalidad con un hombre de 79 años, a quien llevó también a la residencia y mantenía encerrado en un cuarto, con falta de cuidados e higiene, en condiciones infrahumanas. El damnificado está en estado de postración sin ninguna familia en la provincia de Salta, solo con hijos en Jujuy.
Se constató a través de la intervención de asistentes sociales que el padre de la denunciante estaba privado de contacto familiar, así como también se le habían sustraído su documentación y tarjetas de crédito. Se registraron lesiones en brazos y miembros inferiores, y un peso disminuido preocupantemente al no recibir la comida ni medicación necesaria.
El segundo hombre presenta también un peso muy bajo, con el agravante de no recibir la medicación necesaria por ser insulino-dependiente. Desde hace más de un año que ninguno recibe atención profesional, según consultas con autoridades del PAMI. El operativo de allanamiento se realizó para resguardar a las víctimas, y para recabar elementos que demostraran los presuntos delitos. Los damnificados fueron contenidos y controlados en su estado de salud.