Rodrigo Erazo Schmidt, fiscal Civil, Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Salta, solicitó la suspensión provisoria de la actividad industrial que realiza la firma Lauju SRL (ex Jamo), en una fábrica de Atocha, parte del municipio de San Lorenzo.

El fiscal solicitó la medida cautelar luego de que el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) confirmara que “los efluentes vertidos sobre el curso de agua (arroyo Isasmendi) poseen, en su composición química, metales pesados tales como cromo, cobre y manganeso. Asimismo, el efluente analizado en el punto de vuelco detectado sobre el arroyo Isasmendi posee las mismas especies químicas (cromo, cobre y manganeso) que las encontradas en la pileta de tratamiento de la firma Lauju”.

Además, en su informe, el CIF señaló que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal (resolución Nº 011/01SEMADES para volcamiento de efluentes líquidos a cuerpos de agua superficiales)”.

El fiscal, teniendo en cuenta el informe del CIF, consideró que “resulta evidente y palmaria la urgente necesidad de hacer cesar los efectos degradantes para el medio ambiente y para la salud de las personas que implica el derrame de efluentes con metales pesados sobre aguas de un arroyo y el desarrollo de la actividad altamente contaminante sin cumplir con los recados legales exigidos por las autoridades estatales con competencia ambiental en defensa y protección del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general”.