Los vecinos de los barrios San José y Evita, en el municipio salteño de Cerrillos, siguen preocupados por el avance de las obras en un improvisado cementerio para muertos por coronavirus que la intendente Yolanda Vega ordenó construir en la zona, específicamente en un predio no apto para la exhumación de personas.
La polémica comenzó en noviembre del año pasado cuando los cerrillanos denunciaron que se había delimitado con lonas un terreno, que es propiedad de la familia Velarde y en pleno proceso de expropiación, y que allí habían comenzado a enterrar a personas fallecidas por COVID-19. En diciembre, los concejales Pedro Torres y Matías Tula, con la firma de 180 vecinos, presentaron un recurso de amparo ante la grave situación que representa la instalación de un cementerio ilegal.
Luego, el 21 de diciembre pasado la jueza Alejandra Salim hizo lugar a la medida cautelar peticionada y ordenó “la prohibición de innovar sobre la matrícula 273” donde se emplaza la necrópolis hasta obtener una sentencia definitiva sobre el proceso. Sin embargo, y según público el diario El Tribuno en base a imágenes difundidas en redes sociales, los trabajos continuaron.
En las fotografías se ve que empleados municipales levantaron una tapia de ladrillo, y removieron tierra en el lugar. “Vamos a denunciar ante la Policía la clara desobediencia judicial en la que incurrió la intendenta Vega”, señaló el concejal Justino Ustarez.
