La fecha del juicio en contra del diputado provincial Gustavo de Orozco, acusado de torturas cuando se desempeñaba como jefe de la Brigada de Investigaciones, estaba prevista para el 27 de marzo pero la audiencia se pospuso por pedido de una de las abogadas querellantes.
La letrada Patricia Soraire que representa a una de las víctimas solicitó el desafuero del legislador y aseguró que el artículo 70 de la Constitución establece claramente la manera en la que se deben actuar en estos casos.
"Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado en juicio político, podrá cada cámara, con dos tercios de los votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento", detalla el texto de la Carta Magna.
La letrada sostuvo que en este juicio "la Justicia no puede estar sometida a la presión de un legislador o de posibles nulidades que puedan establecerse en un futuro" y agregó que en esta causa Orozco llega con un privilegio respecto a los otros procesados.