La Justicia salteña pidió la captura y detención del cuestionado exintendente de Aguaray, Enrique Prado, imputado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Recordemos que hace algunas semanas, primero Diputados, y luego el Senado, aprobaron la intervención del municipio de Aguaray, donde Prado estaba involucrado en el robo de caños del gasoducto Nea.
Lo cierto es que el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió la captura y detención del exfuncionario, en base a documentación que entregó el equipo del interventor del municipio, Adrián Zigarán. En esta documentación consta que Prado no informó el destino de los primeros 24 millones de pesos, que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión.
Además, hay documentación referida a las partidas COVID-19, por $9.564.216, que Prado recibió desde el mes de mayo. En total, la imputación precisa que el exintendente deberá rendir cuentas por el destino de por lo menos $388.253.301.
Cazón recordó que la audiencia de imputación celebrada el miércoles 4, se realizó en forma remota debido a que Prado informó que se encontraba en la capital provincial, pero a la vez, constituyó domicilio en Aguaray, aunque no precisó dirección alguna en ninguno de esos municipios. En consecuencia, consideró “sumamente necesario asegurar el debido proceso judicial, ya que existe el peligro de entorpecimiento y de fuga, atento a las complejidades de la causa y siendo público y notorio que también se lo investiga en el Juzgado Federal de Orán, por la causa de los caños del Gasoducto del NEA”, cuya investigación inició el mismo fiscal Cazón, hasta que declinó su competencia.