Juan Sebastián Segovia tenía una oficina en calle Olavarría al 1000 de la ciudad de Salta, donde comercializaba viviendas prefabricadas. Segovia además promocionaba en distintos medios de comunicación y redes sociales bajo la apariencia de una empresa seria y confiable.
Una vez que lograba atraer a las víctimas, Segovia firmaba con las ilusionadas víctimas un contrato para la construcción de una casa prefabricada. Allí se comprometía a realizar la obra proyectada y se fijaba un plazo de entrega. Esta situación generaba confianza en las víctimas, que entregaban importantes cantidades de dinero en anticipo.
A medida que se acercaba la fecha convenida, y a pesar de haber pagado el precio estipulado, las casas jamás fueron instaladas. Siendo conformados con excusas que trataban de justificar la tardanza y el incumplimiento de los contratos.
Una vez realizada la denuncia, la Justicia comprobó que los recibos que el estafador emitía no reunían los requisitos formales exigidos por los organismos de recaudación fiscal, por cuanto la firma no se encuentra inscripta, lo que da cuenta de que se trata de una empresa inexistente en términos tributarios y legales, y sin solvencia económica.
Además, uno de los estafados denunció que cuando fue a increpar a Segovia por el incumplimiento del contrato, este lo amenazó de muerte.
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 para Juan Sebastián Segovia como autor del delito de 12 estafas y coacción en concurso real.