Tras el escándalo por los funcionarios públicos salteños que se anotaron para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, la Justicia Federal solicitó al ANSES que entregue toda la información sobre los trámites.
La investgación, ordenada por el fiscal Ricardo Toranzos, se lleva adelante con la colaboración de la titular del organismo, Susana Aramayo, y está a cargo de investigadores del área de Delitos Económicos de Gendarmería y del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
Desde la Justicia Federal aclararon que no se trata de un allanamiento sino de una entrega de información para efectuar un seguimiento de los trámites realizados por concejales, legisladores y funcionarios que habrían intentado acceder al IFE.
El Ingreso Familiar de Emergencia es una ayuda económica que el Gobierno nacional destina a las personas que están en una situación de vulnerabilidad frente a la pandemia. Obviamente los funcionarios públicos están exceptuados, sin embargo la semana pasada se supo, a través de informes periodísticos, que alrededor de 52 políticos de diferentes municipios salteños lo habían solicitado.
