Alejandro López todavía era empleado de la Dirección General de Rentas de Salta cuando pidió dinero a un contribuyente a cambio de cajonear un expediente. Ante esta situación, el hombre al que se le había exigido la coima optó por reportar al empleado deshonesto ante sus superiores.
El Director General de Rentas de la Provincia realizó la denuncia formal ante la justicia contra López, presentando los testimonios correspondientes, y López fue imputado por el delito de exacciones ilegales.
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, fue el encargado de llevar el caso ante la Sala III del Tribunal de Juicio. Finalmente, la jueza Gabriela González le impuso la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación y el pago de una multa.