Marcelo Domínguez, juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, ordenó al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) a cubrir los costos de la criopreservación del embrión por un lapso de 24 meses y el tratamiento de fertilización asistida a una mujer que carece de útero.
De esta manera, la obra social provincial se verá obligada a prestar los medios, cubriendo el cien por ciento de los costos, para realizar de dos módulos que forman parte del tratamiento de fecundación in vitro, con material propio de los futuros padres, fecundación y criopreservación del embrión por un lapso de hasta 24 meses.
La mujer carece de útero desde 2013, como consecuencia de una peritonitis que la afectó, aunque ello no esterilizó su capacidad ovárica.
Ante esta situación, la obra social le había contestado a la mujer que la única posibilidad de gestación es la subrogación de vientre, mientras que la médica particular señaló que entre las posibilidades se encuentra la alternativa de un trasplante de útero, aún cuando dicha práctica no se realiza todavía en la Argentina.
Oportunamente, el juez recordó que previamente se hicieron numerosos estudios, entre ellos, para verificar la reserva orgánica, y psicológicos, donde se presentaron temores o fantasías que pudieran obstaculizar el proceso de criopreservación de embriones. Y además sostuvo que "nada obsta que a futuro pueda darse".
"El comienzo de la aplicación de esta técnica a nivel nacional también es un enigma, aunque ya en 2011, cuando comenzó a trabajarse en la modificación del Código Civil y Comercial, algunos sectores habían expresado sin suerte la necesidad de que se la regulara, con lo que podría inferirse que su historia en nuestro país es bastante más larga de lo que parece", acotó.
La criopreservación de embriones está prevista en el artículo 2 del Decreto Reglamentario 956/13, y el tiempo será de dos años, criterio definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en uno de cuyos fallos el voto mayoritario sostuvo que la cobertura de la criopreservación de embriones a cargo de los prestadores de servicios de salud debe atender al pleno resguardo del ejercicio del derecho a la salud reproductiva, calificando de exiguo el plazo de 18 meses que se había fijado.
"Debemos atenernos a lo que los actores han reclamado y no hacer futurología. Lo que la jurisdicción debe resolver es la cobertura pretendida, que busca concretar un plan de vida familiar que el matrimonio se ha trazado", expresó el juez.
Para Domínguez, se trata de un proyecto que "ellos vienen madurando desde hace varios años y que es fruto de una convicción personal concreta y firme: su voluntad de ser padres biológicos a partir de los avances científicos que le permiten cristalizar esa decisión de vida, acudiendo a una técnica que está a su alcance; que está contemplada en la legislación vigente y que -por ende- la obra social debe cubrir, porque así lo prescribe la misma".