En medio de una investigación por el delito de extorsión, el fiscal rosarino Pablo Socca cuestionó al Gobierno de Santa Fe y criticó duramente el fácil acceso que tienen los reclusos a celulares, desde los cuales realizan los robos.
“No entiendo cómo el Estado provincial no restringe derechos a los presos que cometen delitos desde los establecimientos penitenciarios”, indicó en diálogo con Rosario3, luego sumó: “Tanto el Poder Ejecutivo como la Legislatura tienen la posibilidad de modificar el régimen actual de visitas a las cárceles, de comunicaciones de los presos, o de lo que quieran, pero no lo hacen”.
De esta forma, detalló que en los últimos tres días hubo una ola de denuncias por parte de comerciantes que fueron extorsionados. Por ello exigió que los presos que delinquen dentro del penitenciario no tengan los mismos derechos que aquellos con buenas conductas.
Extorsión en Rosario: comerciantes fueron víctimas de un preso
Estas declaraciones las dio en medio de una investigación, dentro de la cual Darío G. (32 años) y Carla P. (28) fueron detenidos como principales sospechosos de una oleada de extorsiones a comercios de distintos rubros de la zona de bulevar Oroño al 4000.
Ahora bien, en la misma causa revisaron la celda de Joaquín F., preso en Coronda. El criminal también está siendo investigado, en su caso, por presuntamente haber sido quien llevó a cabo las intimidaciones por WhatsApp con las víctimas.
Los tres presenciarán una audiencia imputativa el viernes 20 en el Centro de Justicia Penal. En dicha oportunidad, mostrarán el material de las cámaras de la zona donde ocurrieron las extorsiones. Una vez concluida la acusación, expondrán los nombres completos de los sospechosos.
Carla P. fue detenida por ser titular del CBU que brindaba su pareja desde la prisión para depositar pagos de extorsiones. Es por esto que su arresto se efectuó a las pocas horas de que las víctimas radicaran la denuncia.
Por su parte, Joaquín F. decía ser “de los Cantero”, en referencia a la conocida banda narco Los Monos. Dicho criminal afirmaba que la zona sudoeste era “su territorio”, por lo que todos los negocios debían pagarle por protección.
En base a lo que detalló el medio, presumen que siempre desarrolló el mismo modus operandi: exigía el pago de $250 mil o $50 mil por semana y daba un CBU para recibir la plata en caso de que la víctima no tuviese efectivo.
