Rescataron a dos niños que hacían trabajos rurales en Las Bandurrias
Durante el operativo también asistieron al padre de los chicos. Denuncian que les pagaban $1.000 por semana.
La Policía Federal Argentina (PFA) encabezó un operativo para atender una denuncia de explotación laboral en un campo santafesino. Este martes informaron que había dos niños haciendo trabajo rural a las órdenes del dueño y ambos fueron rescatados junto a su padre.
Fuentes oficiales precisaron que las víctimas recibían $1.000 por semana a cambio de las tareas que realizaban en un predio ubicado en Las Bandurrias, unos 110 kilómetros al sur de Rafaela. En total, las autoridades identificaron a cinco personas que realizando esas actividades en condiciones ilegales.
Desde el Ministerio de Seguridad reportaron que el allanamiento se llevó a cabo a partir de una una orden de allanamiento del juez federal Reinaldo Rodríguez. Los encargados de intervenir en el lugar presumen que el propietario engañó a los trabajadores y les prometió estabilidad laboral y remuneraciones acorde a la tarea.
Una vez que los empleados llegaron al campo en el departamento San Martín, se vieron obligados a dedicarse al cuidado de vacas, alambrado, siembra y mantenimiento de maquinaria agrícola, entre otras cuestiones.
Fuentes del caso indicaron a Télam que asistieron a un peón rural, sus dos hijos de 10 y 11 años y los padres del trabajador. Todos se encontraban vinculados a una explotación agrícola llamada “San Julián”, ubicada a la altura del kilómetro 115 de la Ruta Provincial 40.
Además, según informó el Ministerio de Seguridad nacional, “se los sometía a vivir en condiciones precarias y bajo un régimen laboral de 16 horas durante los siete días de la semana”.
Del operativo participaron el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el Delito de Trata, personal del Ministerio de Trabajo de la Nación y del de Santa Fe, del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia.
