Redacción Vía Rosario
En el marco de una causa sobre narcotráfico en Rosario, este lunes se confirmó el secuestro del celular de un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los investigadores lo identificaron como posible cómplice de una organización dedicada al traslado de drogas ilegales desde Campana.
El funcionario fue interceptado el último viernes en el centro de la ciudad durante un operativo a cargo de Gendarmería Nacional. Personal de civil lo siguió a pedido del Juzgado Federal 4. Una vez que lo abordaron, le pidieron su teléfono móvil y quedó en libertad.
El procedimiento marca un giro importante en una investigación que comenzó en Campana, unos 70 kilómetros al norte de Buenos Aires. En base a la evidencia de una posible colaboración del agente de la AFI con los delincuentes, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) empezó a monitorear su actividad.
Dado que algunos nombres y hechos coinciden con los de otra causa a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario, la pesquisa se coordinó con la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. En la lista de sospechosos aparecen policías de alto perfil.
El celular del integrante de la AFI será peritado a pedido del fiscal federal Claudio Kishimoto y sus pares provinciales. De esta forma, los investigadores pretenden corroborar si el funcionario filtró información para ayudar los narcotraficantes en los últimos meses.
Policías relacionados al narcotráfico en Rosario
Uno de los policías rosarinos que están en la mira de la Justicia quedó bajo prisión preventiva por abuso sexual hace poco más de una semana. Álvaro Rosales vive en la ciudad pero prestaba servicios en Villa Constitución hasta que el MPA pidió su captura.
El arresto del comisario no solo trascendió por la denuncia de una cadete del Instituto de Seguridad Pública (Isep). Cuando allanaron su casa, los investigadores encontraron un Mercedes-Benz C250 Kompressor que pertenecía al empresario Sebastián Grimaldi.
A principios de junio, el auto de alta gama quedó en manos de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) tras la imputación del fiscal Mariano Ríos Artacho al corredor de granos. Sin embargo, el uniformado lo tenía para uso personal sin registro de autorización judicial alguna.