Redacción Vía Rosario
Por primera vez desde que está vigente la ley de narcomenudeo en Rosario, la Justicia provincial ordenó el derribo de un búnker de drogas cerca de una escuela. La resolución corresponde a la denuncia contra una vivienda precaria de Villa Pororó y tres personas quedaron bajo prisión preventiva luego de la audiencia de este viernes.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó el cese de estado antijurídico en una casa de la zona oeste de la ciudad. La medida forma parte de la causa abierta por el secuestro de casi un kilo de sustancias estupefacientes que habían sido fraccionadas para la venta minorista.
¿Cómo funcionaba el búnker de drogas que derribarán en Rosario?
De acuerdo a la investigación del fiscal Aníbal Vescovo, al menos ocho personas se dedicaban a comercializar drogas en Riobamba al 5000. El búnker funcionaba muy cerca de las vías del ex Ferrocarril Belgrano, a pocas cuadras del Centro Municipal de Distrito Oeste Felipe Moré.
Durante un operativo realizado el miércoles a la 1.15 de la mañana, la policía encontró 502 envoltorios de cocaína que en total pesaban 439 gramos. Los uniformados también se llevaron 342 g de marihuana repartidos en 187 bolsitas.
El allanamiento en Villa Pororó se concretó a partir de las denuncias que recibió el 911 en los últimos tres meses. Vescovo destacó que los llamados de los vecinos fueron “fundamentales” para frenar a la banda dedicada al microtráfico cerca de la escuela del barrio.
En base a la evidencia presentada durante la primera audiencia imputativa de la causa, la jueza María Trinidad Chiabrera aceptó el pedido de derribo de la vivienda que se usaba para la venta de drogas. Además ordenó la prisión preventiva por 90 días del dueño y de dos sospechosos que tenían la mercadería ilegal.
Por otra parte, la magistrada ordenó la liberación de dos mujeres y tres hombres detenidos en Villa Pororó. Antes de salir, cada persona debe pagar una fianza y luego tendrán que presentarse ante las autoridades una vez por semana.
El derribo del búnker de la zona oeste es una de las primeras acciones judiciales en Rosario desde que Santa Fe adhirió a la desfederalización parcial a la ley estupefacientes. A partir de este cambio normativo, la fiscal general María Cecilia Vranicich creó el Equipo de Trabajo de Microtráfico del MPA para abordar este tipo de causas.