Redacción Vía Rosario
En paralelo con el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) inició este lunes un paro en los puertos agroexportadores del Gran Rosario contra la reforma laboral que incluye el proyecto. Las terminales del deparamento San Lorenzo son el epicentro de un plan de lucha nacional.
El secretario general del gremio, Daniel Succi, visitó la planta de Cofco y recorrió el resto del cordón industrial como parte de una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Las actividades se frenaron a las 12 del mediodía en una jornada complicada para la cadena productora de granos, ya que la protesta coincide con una huelga de trabajadores molineros.
¿Por qué los aceiteros se oponen a la Ley Bases?
A través de un comunicado publicado este lunes, el SOEA no sólo se pronunció contra la reforma laboral de la Ley Bases. Además rechaza la modificación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ya que este cambio perjudica al “90 % de los trabajadores aceiteros”.
Según indicaron voceros del gremio, el proyecto del Gobierno nacional establece un piso de $ 1.800.000 de ingresos brutos para una persona soltera y sin hijos. En el caso de personas casadas y con dos hijos, el mínimo para cobrar el tributo asciende a 2.300.000 pesos.
“El salario no es ganancia”, manifestaron desde el sindicato sobre la actualización impositiva. Si bien el paro no tuvo adhesión total en el Gran Rosario, el reclamo redujo sensiblemente el movimiento a un mes del inicio de la temporada de la cosecha gruesa.
Por otra parte, el SOEA expresó su desacuerdo con la eliminación de multas y sanciones a empresas que incumplen leyes laborales. Entre otras cuestiones, la organización advirtió que se incrementa el período de prueba para que una persona sea tomada de manera definitiva y se “legaliza el fraude en la contratación”.
El proyecto de Ley Bases tiene otras aristas preocupantes para el gremio en torno a las indemnizaciones. Por un lado aparece la creación de fondos de cese laboral y se introduce un sistema que reduce el promedio del monto final a cobrar en caso de despido. En el caso de las cesantías por discriminación, la persona echada deberá probar que eso ocurrió.