Sectores de la discapacidad reclamaron que se de prioridad a estas personas y trabajadores del sector a la hora de aplicar las vacunas contra el coronavirus. Por su parte, transportistas anunciaron que no trabajarán más con el Pami por la larga deuda.
“Es alarmante que todavía no esté anunciada la prioridad para discapacitados”, señaló Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad. (Apridis).
En ese sentido, la titular de la institución que trabaja con personas con discapacidad señaló que “diversas organizaciones santafesinas que nuclean instituciones y transportes para personas con discapacidad hemos elevado una nota a la Secretaria de Inclusión de la Provincia, respecto de la importancia de dar prioridad al campo de la discapacidad en el cronograma de vacunación que se comenzó a trabajar a fines del año pasado”.
“Consideramos que es alarmante que aun no esté anunciado la prioridad de las personas con discapacidad“, reiteró Chapero como así también de “los profesionales no solo de la salud y educación, sino también aquellas personas que realizan el traslado de las personas con discapacidad por el rol importante que tenemos en el acompañamiento de una población que presenta diversos grados de vulnerabilidad”, acotó.
En ese orden, la referente de Apridis agregó que, en muchos casos por menores de edad no van a acceder en principio a una vacunación. “Es urgente tomar definiciones”, completó Chapero.
Por su parte, transportistas de personas con discapacidad nucelados en la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atares) anunciaron la suspensión de los servicios con Pami Rosario, ya que les adeudan seis meses. “Hemos trabajado durante toda la pandemia llevando material didáctico, viandas, y otros artículos importante para los beneficiarios a sus casas y el Pami no solo que nos adeuda seis meses de prestación, sino que recorta servicios, desconociendo una resolución vigente que establece un modulo prestacional”, señaló Pablo Bolego, presidente de la entidad.
Asimismo, padres e instituciones denunciaron “auditorías extorsivas” por parte del Instituto de los Jubilados. “El objetivo fue desconocer el módulo de prestación mensual de transporte y reducir considerablemente la inversión del instituto en estos servicios, aprovechándose de este contexto de crisis mundial”, denunció Bolego.
Según declaró el transportista, “el servicio de transporte para personas con discapacidad declarado servicio esencial por el presidente Alberto Fernández, fue el que asistió y acompañó, junto a las instituciones, a las personas con discapacidad durante el aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio”.