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| jueves, 04 de junio de 2026
La histórica fábrica de jugos y concentrados Trechel, ubicada en un predio nacional en la zona sudoeste de Rosario, recibió una notificación que cayó como un balde de agua fría: el Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), les otorgó un plazo de 10 días para abandonar el lugar.0 días para abandonar el lugar.
La noticia puso en estado de asamblea permanente a los trabajadores, quienes ven con desesperación cómo la fuente de sustento de 50 familias pende de un hilo. La medida, de ejecutarse, implicaría el cese inmediato de la producción de una empresa que lleva décadas operando en la ciudad y que es un referente en la elaboración de jugos para el mercado interno y la exportación.
Desde el sindicato y el cuerpo de delegados manifestaron que el plazo impuesto es "imposible de cumplir" para una planta de estas dimensiones. Desmantelar la maquinaria, trasladar el stock y reubicar las líneas de producción no es algo que pueda resolverse en poco más de una semana, por lo que interpretan la orden como un golpe letal para la continuidad de la firma.
El conflicto surge a partir de la titularidad del terreno. Según informaron fuentes gremiales, el Estado nacional busca recuperar el predio para otros fines, pero la empresa alega que tiene voluntad de pago y de regularizar cualquier situación administrativa con tal de no cerrar sus puertas. El pedido de los operarios es claro: necesitan tiempo y una mesa de diálogo que hoy parece inexistente.
"Estamos en alerta total", explicaron desde el entorno de los trabajadores. La preocupación no es solo por los despidos directos, sino por el impacto que tendría la desaparición de Trechel en toda la cadena de proveedores locales. Rosario, que viene luchando por sostener su entramado productivo, enfrenta ahora un conflicto directo con una decisión administrativa centralizada en Buenos Aires.
La situación ya escaló a los niveles políticos locales y provinciales. Los trabajadores han solicitado la intervención de legisladores y autoridades del Ministerio de Trabajo de Santa Fe para que actúen como mediadores ante la Nación. El objetivo es frenar el desalojo compulsivo y buscar una alternativa que permita la relocalización de la planta o la extensión del permiso de uso del suelo.
A pesar de la urgencia del plazo de 10 días, hasta el momento no hubo un comunicado oficial que brinde una alternativa para la empresa. Esta falta de respuestas aumenta la angustia en los galpones de la fábrica, donde el ruido de las máquinas hoy convive con el silencio de un futuro incierto. Los trabajadores aseguran que no abandonarán el predio sin una garantía de continuidad laboral.
El caso de Trechel se suma a una serie de conflictos por el uso de terrenos ferroviarios o nacionales en zonas urbanas que han quedado bajo la lupa de la nueva gestión nacional.
Sin embargo, detrás de los papeles y las resoluciones administrativas, en Rosario la cuenta es mucho más simple y dolorosa: son 50 trabajadores que hoy no saben si la semana próxima seguirán teniendo empleo. La resistencia en la planta ya comenzó.
Facundo Gonzalez