El Gobierno nacional tomó la decisión de no estatizar la Hidrovía Paraná-Paraguay, por lo que avanzará en una nueva concesión privada. De esta manera, fue en contramano de lo que pedía el kirchnerismo dentro de la coalición oficialista Frente de Todos
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Así lo confirmó este lunes el flamante ministro de Transporte, Alexis Guerrera, minutos después de asumir en el cargo en el Museo del Bicentenario. Consideró que el hecho de que el Estado nacional y las provincias sean las encargadas de decidir el destino de la hidrovía ya es “una forma de recuperar la soberanía”.
Los pliegos que se elaborarán para la concesión de la Hidrovía (clave del Mercosur) tienen la mirada “para los próximos treinta o cuarenta años”, dijo el funcionario, un hombre del massismo. Y destacó que en la elaboración de esos pliegos habrá una “fuerte participación” de los Estados provinciales, del ministerio de Transporte y de la cartera de Interior.
“Así el Estado argentino está recuperando un rol que hoy no tiene en el manejo de la Hidrovía”, dijo y tras ser consultado por la prensa acreditada, respondió: “No vamos por el camino de la estatización”.
José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, había hablado en los últimos días con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y con Máximo Kirchner, titular del bloque kirchnerista de Diputados. El senador formoseño le trasmitió a ambos que “el bloque está en contra” del esquema en el que se avanzaría de concesión a una empresa privada -como hasta ahora- pero con la novedad de un mayor control del Estado.
El formoseño le puso voz a una idea impulsada por el kirchnerismo con aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para impulsar la estatización total de la hidrovía. Pero ahora el Gobierno sepultó esa iniciativa. Guerrera habló pocos minutos después de que el presidente, Alberto Fernández, le tomara juramento como nuevo ministro de Transporte. El funcionario venía desempeñándose como titular de Trenes Argentinos Infraestructura.
Antes de la jura, el Jefe de Estado pidió un “fuerte aplauso” para el fallecido ministro Mario Meoni y después señaló, dirigiéndose a Guerrera: “Te tocan dos cosas difíciles: la materia y reemplazarlo a Mario. Ha sido tu amigo también y has trabajado con él. Para nosotros es un gran placer recibirte en el Gobierno. Los amigos de General Pinto deben estar orgullosos que un hombre de ahí haya llegado acá al Gobierno nacional, muy merecido”.
Del acto, que se desarrolló en el Museo del Bicentenario, participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; de Economía, Martín Guzmán; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y la presidenta de AySA, Malena Galmarini, entre otras autoridades.
También estuvo presente el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, otros legisladores nacionales, familiares y amigos del flamante ministro, designado por el Decreto N° 288/2021 del Poder Ejecutivo.
La concesión se extendió por 90 días
La concesión para la “modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado” de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo plazo de operación venció el 29 de abril fue prorrogada por 90 días a favor del actual prestatario, el consorcio Hidrovía SA.
Esa extensión se produjo de cara al nuevo proceso que pondrá en marcha el Gobierno nacional en los próximos meses para definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal -los canales fluviales del río Paraná- que existe en el país.
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El ministro de Obras Públicas, temporalmente a cargo de la cartera de Transporte, Gabriel Katopodis, firmó la correspondiente resolución con la prórroga, que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.
De esta manera, la concesionaria Hidrovía SA, sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA, continuará al frente de la operación por tres meses más.
Eso significa que, tal como venía ocurriendo, el concesionario privado realiza los servicios encomendados por el Estado y a cambio les cobra directamente a los barcos transportistas de carga que navegan por las vías fluviales.
