Noel Nardone
Estando preso en la Unidad Penal 3 de Rosario, acordó a través de su pareja el pago de $270 mil a sicarios, a los que les dio teléfonos, armas de fuego y una moto para que mataran a un lugarteniente narco. Esta feroz trama se reveló este viernes en la audiencia imputativa por el crimen de Nicolás “Fino” Ocampo, ocurrido el 16 de abril.
Ocampo formaba parte de la banda narco de Esteban Alvarado, enfrentado históricamente a la gavilla de Los Monos. Este año había comenzado a cumplir condena condicional por tenencia ilegítima de arma de fuego, amenazas y por formar parte de una asociación ilícita. Pero dos sicarios lo mataron de tres tiros delante de su hijo de dos años.
Los fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, acusaron a cuatro personas del asesinato. En el caso de Fabio Alejandro Giménez, preso en la Unidad 3, lo consideraron instigador del crimen ;a su pareja Joana Bernal como partícipe primaria por aportar la logística; y a Uriel Reynoso y Brian Josué González como ejecutores (el primero manejaba la moto y el segundo disparó).
Además, Reynoso había sido contratado por un empresario para matar a su socio en el Laboratorio Nutrilab, caso que será llevado a audiencia el próximo martes. La investigación del crimen de Ocampo se agilizó cuando una fiscal federal advirtió a sus colegas de la Justicia ordinaria que tenía escuchas de la línea que Giménez utilizaba desde la cárcel, que había sido intervenida en una causa por drogas.
De esas escuchas surgieron un gran intercambio de llamadas y mensajes entre Giménez, su pareja Bernal y los dos presuntos ejecutores del crimen de Ocampo, que para los fiscales demuestran sus participaciones y roles. De allí surge que Giménez apostó a personas frente al domicilio de Ocampo los días previos al crimen para vigilar sus movimientos, contrató por 5 mil pesos a personas que siguieron a la víctima en auto y pagó 100 mil pesos a González por la ejecución, mientras que le dio 60 mil a Reynoso, a quien en las escuchas denominan “el piloto”.
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En una conversación posterior al crimen, Giménez le dice a su pareja que los ejecutores cambien su corte de cabello para no ser identificados. “Hola amor, ahí los pibes que recién trabajaron la changuita esa de la pared que tenían que levantar. Dale $5 mil para que se corten el pelo, ahí en un rato me pasan la plata”, dice, y también le ordena que llame a dos remises para que los lleven a los lugares donde se ocultaron.
El juez Carlo Leiva aceptó la imputación fiscal, por homicidio agravado por uso de arma y calificado por promesa remuneratoria y por la participación de dos o más personas, y dispuso las prisiones preventivas de los cuatro acusados por el plazo de ley.