Allanaron la vivienda particular del subjefe de Policía de Santa Fe, Ariel Zancocchia, en el marco de una investigación por irregularidades en la compra-venta de autopartes en un taller de la fuerza. También se procedió a revisar otros 18 domicilios.
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El segundo de la Policía santafesina quedó demorado y se le secuestró su celular. También otros dos policías en actividad fueron allanados en sus domicilios. La causa se inició en febrero del año pasado tras una inspección de rutina de la Agencia de Control Policial a la “Base Comando Rampa Norte”, denominado comúnmente “Taller Tarragona” por la calle de Rosario donde está ubicada.
El taller pertenece a la Sección Comando Radioeléctrico de la UR II y es el lugar donde se reparan los móviles policiales. El MPA informó que en aquella inspección el personal “observó irregularidades manifiestas en los automotores que se encontraban dentro del predio, con notable descuido de los vehículos allí depositados, falta de conservación y control de autopartes”.
También detectaron “contradicciones en el registro de los estados de los móviles, observándose móviles desguazados con piezas de los mismos a la intemperie, hallándose en el taller vehículos que no pertenecían al Comando Radioeléctrico sino a otras dependencias policiales y vehículos pertenecientes a particulares”.
Además, fueron allanados comercios y empresas a los que la Policía les compraba autopartes para las reparaciones, cuyos propietarios son otros policías. Entre las irregularidades también se detectaron automóviles que requerían reparaciones menores pero por los cuales se adquirían varias piezas y autopartes, que luego presuntamente eran revendidas a particulares.
De acuerdo con la pesquisa, también se registraban cargas de combustibles de patrulleros que estaban “parados” en el taller aguardando ser reparados y arreglos de vehículos particulares que no pertenecían a la fuerza. Esas pequeñas irregularidades “son millonarias cuando se las toma a todas juntas”, dijo a Télam una fuente oficial.
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Los 19 allanamientos simultáneos fueron ordenados por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada del MPA, que llevan adelante la causa. Voceros judiciales indicaron que en los próximos días, luego de un análisis de la documentación y equipos electrónicos secuestrados este jueves, los fiscales solicitarían las imputaciones de algunos de los involucrados en los hechos.
Las mismas fuentes señalaron que los delitos que se investigan son estafas, cohecho y peculado, aunque también podrían acusarse a los miembros de la organización por asociación ilícita.
