Crimen en Rosario: admitió que descuartizó a la anciana con la que vivía

La Justicia provincial condenó a 20 años de prisión a uno de los imputados por el crimen de María Isabel Ruglio (73) en la zona sur de Rosario. Durante una audiencia realizada este lunes, el hombre que vivía con ella admitió que la descuartizó, pero descartaron que el crimen haya sido cometido para quedarse con la casa.

Se entregó el remisero acusado de descuartizar a una mujer

El fiscal Adrián Spelta y la defensa acordaron la pena para Marcelo Alberto Fernández a partir de un cambio de calificación legal del episodio. El inquilino de la víctima aceptó su responsabilidad como autor de homicidio simple.

En el inicio de la investigación, el hombre de 45 años y a su esposa Josefa Richarte Carrasco fueron imputados por el mismo delito, pero calificado por codicia. La hipótesis entonces era que mataron a Ruglio para quedarse con su casa en Uriburu 522, pero el funcionario judicial aclaró que “se pudo descartar un interés económico” como motivo del crimen.

La mujer descuartizada se habría negado a venderle su casa a la pareja acusada de asesinarla

Inicialmente, Fernández y su pareja corrían riesgo de ser condenados a prisión perpetua por el asesinato. Sin embargo, el cambio de calificación legal y el acuerdo con el MPA le permitió al primero acceder a una pena menos gravosa. Actualmente lleva más de dos años privado de su libertad.

El cuerpo de una jubilada cortado en siete pedazos

Durante una audiencia realizada este lunes, los jueces Gonzalo López Quintana, María Trinidad Chiabrera y José Luis Suárez homologaron el procedimiento abreviado para condenar a una de las personas que vivía con Ruglio hasta que la mataron. Richarte, en cambio, sigue imputada y detenida.

De acuerdo a la investigación del MPA, Fernández asesinó a la jubilada durante una discusión que tuvo con ella entre el 6 y el 7 de febrero de 2020. Después del crimen, cortó el cuerpo en siete pedazos y lo metió en bolsas de consorcio. Las piezas fueron halladas desde el lunes 10 de febrero de ese año en el arroyo Saladillo, a la altura del Parque Regional Sur y en otros sectores.

Para constatar cómo mataron a la víctima, los investigadores usaron perros rastreadores en la vivienda. Allí también dio positivo el test de luminol para detectar manchas de sangre como evidencia del descuartizamiento.