Redacción Vía Rosario
Hace casi un año, una kiosquera compró una casa en el barrio Moderno y tuvo que abandonar la casa un mes después por una balacera. Como en otros casos, la Fiscalía de Rosario denunció que un preso estaba detrás de la amenaza y la usurpación, pero este miércoles surgió una novedad en el caso, ya que la vendedora quedó detenida por estafa.
Fuentes judiciales confirmaron la acusación contra Carla Daniela Rubio por haber utilizado un documento falso para la transferencia de la propiedad ubicada sobre Barra al 3300. A cambio, la pareja del recluso recibió un millón y medio de pesos de parte de la nueva dueña, que empezó a sufrir la violencia de los delincuentes apenas terminó de pagarle.
Según la evidencia del fiscal Federico Rébola, la comerciante abonó la mayor parte del dinero el 12 de noviembre. La deuda de $ 200.000 la canceló el 30 de diciembre. Cuatro semanas más tarde, le apedrearon su nueva casa en la zona oeste rosarina.
Al día siguiente de este ataque, la dueña encontró una nota amenazante. Los delincuentes le pidieron que se fuera y volvieron a la carga en cuestión de horas. A la noche, dos maleantes pasaron en moto y dispararon contra la vivienda.
Ante esta serie de agresiones, la kiosquera decidió irse. Cuando regresó, descubrió que alguien había pintado la fachada de otro color. Tampoco pudo entrar, dado que la cerradura era diferente.
Balacera, estafa y usurpación digitada desde la cárcel de Piñero
En menos de seis meses, la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó que el plan delictivo había sido orquestado dentro de la cárcel de Piñero. A fines de junio, el fiscal imputó por la estafa a Ismael Edgardo González (39), un condenado por homicidio.
Voceros judiciales recodaron que la víctima pudo volver a su domicilio el 17 de marzo, después de un allanamiento. Sin embargo, al día siguiente recibió nuevas amenazas telefónicas desde la Unidad Penitenciaria 11, unos 20 kilómetros al sur de Rosario.
Frente a este último apriete, la mujer abandonó la propiedad definitivamente. A partir de la evidencia recabada desde entonces, la jueza Valeria Pedrana ordenó este miércoles la prisión preventiva de la pareja de González por este delito, así como los de usurpación y estafa.