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| jueves, 04 de junio de 2026
El impacto por la muerte de Luna Zárate no solo se centra en el siniestro vial, sino también en el polémico accionar institucional posterior. En las últimas horas, desde la Fiscalía admitieron que existen "cuestiones a mejorar" en lo que respecta al proceso de identificación de las víctimas y la comunicación con los familiares. Este reconocimiento oficial llega tras las denuncias públicas de la abuela de la joven, quien calificó de "negligencia" el hecho de no haber sido informada con celeridad sobre el paradero del cuerpo.
La autopsia confirmó que la joven murió por las heridas sufridas en el siniestro de manera casi inmediata, pero el nudo del conflicto radica en el tiempo transcurrido hasta que la familia pudo saber la verdad. Según las autoridades judiciales, se están revisando los pasos seguidos desde que el cuerpo ingresó al Instituto Médico Legal (IML) hasta que se produjo el cruce de datos con las denuncias de paradero, un bache administrativo que dejó a la familia buscando a Luna "viva" cuando ya estaba bajo custodia estatal.
Este escenario reabrió el debate sobre la eficiencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en situaciones de crisis. Los voceros judiciales explicaron que, si bien se cumplieron ciertos pasos formales, la identificación fehaciente de una persona sin documentación al momento de un accidente puede presentar demoras técnicas. Sin embargo, aceptaron que la angustia de los familiares obliga a optimizar los tiempos de respuesta para evitar que el dolor se multiplique por la falta de información oficial.
Por su parte, los investigadores intentan determinar por qué los primeros rastrillajes en la zona del siniestro no arrojaron resultados positivos inmediatos. La familia de la víctima sostiene que hubo una descoordinación evidente entre las fuerzas policiales que actuaron en el lugar y los médicos forenses. Ante esto, la Fiscalía prometió una revisión de los procedimientos de actuación conjunta para que en futuros casos de muertes en la vía pública la comunicación sea fluida y transparente desde el primer minuto.
En cuanto a la causa penal, la Justicia sigue recolectando pruebas para determinar las responsabilidades del siniestro. Se espera que el análisis de las cámaras de seguridad y las pericias accidentológicas arrojen luz sobre la mecánica del hecho. No obstante, el foco ahora también está puesto en el desempeño de los funcionarios que intervinieron en la cadena de custodia y notificación, dado que la autocrítica de la Fiscalía podría derivar en cambios normativos dentro del sistema de salud y seguridad provincial.
El caso Zárate marca un precedente sobre el derecho a la identidad y el trato digno a las víctimas y sus deudos. Mientras Rosario sigue conmocionada, la admisión de errores por parte del Estado es vista como un primer paso hacia la justicia, aunque no logre mitigar el vacío de la pérdida. Los ojos de la sociedad civil permanecen atentos a que estas "mejoras en el proceso" no queden en promesas, sino que se transformen en protocolos reales que respeten el dolor de los ciudadanos ante la tragedia.
Belén Musso