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| domingo, 07 de junio de 2026
El asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, ocurrido en diciembre pasado, ha dejado de ser un hecho policial aislado para transformarse en símbolo de la violencia juvenil. En las últimas horas, la justicia santafesina avanzó con la detención de un joven vinculado al entorno de los atacantes, acusado de amedrentar a testigos y amigos de la víctima que reclaman justicia. Este nuevo arresto intenta poner un freno a un clima de impunidad que despertó el debate en ámbitos políticos y redes sociales.
La saña del ataque, que incluyó 23 puñaladas y fue cometido presuntamente a traición, cobró una dimensión aún más macabra tras confirmarse que el homicidio fue filmado por los propios agresores. Este video, que circuló de manera clandestina y cuya filtración está bajo investigación, muestra la frialdad con la que habrían actuado los tres menores identificados. Hasta el momento, solo una adolescente de 16 años permanece bajo custodia en un instituto cerrado, mientras que los otros dos implicados, de apenas 14 años, fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles por la legislación actual.
La escalada de violencia no terminó en el galpón abandonado frente a la cancha de Colón donde hallaron el cuerpo. Recientemente, se radicaron denuncias por un perfil de Instagram que difundía imágenes de los domicilios de personas vinculadas al pedido de justicia, incitando a realizar escraches y ataques directos. En paralelo, la fiscalía ha puesto el foco en la madre de la principal imputada, quien fue detenida bajo la sospecha de haber tenido una participación necesaria o haber avalado la conducta criminal de su hija, lo que añade una capa de complejidad sobre la responsabilidad del entorno familiar.
El caso ha calado tan hondo en la opinión pública que el gobernador Maximiliano Pullaro intervino personalmente, manifestando su apoyo a un endurecimiento de las penas. "Quien comete un delito de mayor debe ser juzgado como un mayor", sentenció el mandatario, sumándose al pedido de la familia Monzón para impulsar la denominada "Ley Jeremías". Esta iniciativa busca bajar la edad de imputabilidad, argumentando que la alevosía y la planificación demostradas en este crimen no pueden ser ignoradas basándose únicamente en la fecha de nacimiento de los ejecutores.
Mientras la causa judicial intenta desenterrar cada detalle de la emboscada, las calles de Santo Tomé y Santa Fe se han convertido en el escenario de movilizaciones. Los vecinos denuncian que los sospechosos que recuperaron la libertad caminan por el barrio sin remordimientos, lo que genera un sentimiento de desprotección total. La comunidad exige que la celeridad judicial no se diluya y que los responsables de las amenazas recientes reciban condenas ejemplares para evitar que el miedo termine silenciando a quienes aún se atreven a declarar.
La resolución del caso Jeremías Monzón marcará un antes y un después en el tratamiento de la delincuencia juvenil en Argentina. Con peritajes digitales aún pendientes sobre los teléfonos secuestrados y una red de complicidades que parece extenderse más allá de los autores materiales, el proceso entra en una etapa de definiciones críticas. Por ahora, el dolor de una familia que perdió a un hijo de 15 años convive con la indignación de un país que observa cómo la burocracia y la violencia parecen ganarle la pulseada a la justicia.
Belén Musso