Redacción Vía Rosario
Este miércoles se celebró en el Centro de Justicia Penal de Rosario la audiencia imputativa contra dos personas acusadas de haber amenazado a la familia del futbolista Ángel Di María el pasado 25 de marzo en su casa familiar en un country de Funes.
De esta manera, Pablo Ezequiel Acotto, de 35 años y domiciliado en Pérez, y a Sara Belén Gutiérrez, de 23 años y con domicilio en la zona sudoeste de Rosario, quedaron formalmente imputados por los delitos de amenazas coactivas calificadas, por uso de arma y por ser anónimas; intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, todo ello en calidad de coautores, solicitando la prisión preventiva efectiva.
Según expuso la Fiscalía durante la audiencia, los señalados realizaron las amenazas a cambio de $4.000.000 en efectivo, por encargo de personas que todavía no fueron identificadas y con el objetivo de “infundir temor y generar conmoción en la población, como así también en los medios materiales empleados para la concreción del ilícito, teniendo en cuenta la coyuntura especial en la que se encuentra la provincia de Santa Fe”.
“Dicha maniobra consistió en dirigirse ambos imputados, en fecha lunes 25 de marzo de 2024 a la 1.30 aproximadamente, a bordo de un vehículo Renault Megane por calle Fuerza Aérea al 4200 de la ciudad de Funes, frente a country de la zona lugar de residencia de la familia de dicho jugador, y realizar disparos con un arma de fuego, para luego arrojar una nota intimidatoria donde además se mencionaba al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para luego darse a la fuga”, relató el fiscal de la causa Pablo Socca.
la pista de las escuchas
Durante la audiencia, también se expuso la importancia de una serie de escuchas sobre el teléfono de Acotto y de su novia Tamara L., en las que se reveló que el hombre recibió una oferta de “cuatro palos” proveniente de “los de arriba” para arrojar el cartel a los Di María.
El juez de primera instancia tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva por 2 años disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos imputados. En tanto, la investigación continúa para dar con los autores intelectuales y quienes financiaron el hecho.