Lucas Aranda
Cinco meses después de su renuncia como subjefe de la Policía de Santa Fe, el comisario Ariel Zancocchia fue imputado este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario por un negocio ilegal multimillonario. Según los fiscales, fue parte de una asociación ilícita ligada a la reparación de patrulleros y móviles de las fuerzas provinciales de seguridad.
El uniformado seguirá en libertad luego del pago de una fianza de 200.000 pesos y tiene prohibido salir del país durante ocho meses. La investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indica que se aprovechó de su función en diferentes cargos para obtener un beneficio económico en el arreglo de vehículos oficiales en la ciudad.
Entre otras cuestiones, la pesquisa de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery puso la lupa sobre la actividad de las empresas Genarino y ARFE SRL. Esta última fue creada por Zancocchia, que en 2013 se la vendió al dueño de la primera y a su esposa.
Ambas firmas se dedican a la comercialización de repuestos automotores y facturaron $ 32.173.062 entre 2015 y 2020. Sobre ese total, 28.489.692 pesos ingresaron del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
En base a la evidencia recabada, los fiscales le atribuyeron a Zancocchia los delitos de defraudación al Estado, cohecho, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. La organización delictiva función al menos desde febrero de 2019 hasta el 30 julio pasado. En ese momento acusaron a Germán Trujillo, responsable del taller mecánico policial ubicado sobre Tarragona y Juan José Paso.
¿Cómo funcionaba la asociación ilícita que desguazaba patrulleros en Rosario?
La causa sobre el desguace de patrulleros en Rosario tomó estado público hace meses y este miércoles llegó a un punto de inflexión en la audiencia en la que imputaron a ocho policías. Entre ellos se incluyen Cristian Molina y Débora Savani, por entonces jefe y subjefa del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II, así como Sergio Cantero, titular de la Agrupación Cuerpos.
La hipótesis del MPA es que los uniformados lucraban de diferentes formas en torno al uso de los móviles de la fuerza. En algunos casos, vendían repuestos de los vehículos, en otros obtenían y colocaban partes de manera irregular. También detectaron unidades que fueron reparadas en talleres privados.
Un dato llamativo que se ventiló durante la audiencia fue el secuestro de una Renault Duster en el playón policial conocido como “Rampa Tarragona”. La camioneta pertenece a Savani. De acuerdo a los mensajes de Whatsapp hallados en la investigación, ella le preguntó a Trujillo si podía dejarla en el lugar.
La lista de imputados se completa con Martín Ronsisvalle, Daniel Pablo Vega y Francisco Fernández. El primero fue jefe de finanzas de la Unidad Regional II hasta septiembre. Como habilitado debía autorizar los pagos de los arreglos y repuestos. El segundo era jefe de la División Logística y el último ocupaba el mismo cargo en San Lorenzo.