La Legislatura provincial recibió un pedido de informes sobre los beneficios impositivos que el Gobierno de Santa Fe otorga a General Motors, la automotriz que esta semana resolvió suspender a 350 empleados por nueve meses ante la caída de las exportaciones.
A través de un comunicado, la diputada Mercedes Meier advirtió que la medida "no va unida a un compromiso formal de reintegro posterior a sus puestos de trabajo", por lo que consideró que la misma tiene "un carácter práctico de despido".
En cuanto a la situación de la fábrica, la dirigente del Frente Social y Popular (FSP) sostuvo que la decisión de la empresa se basa "en cuestiones de marketing". En este sentido aludió al retiro de los modelos Ágile y Classic para producir un automóvil de gama media alta "para un sector más acomodado de la sociedad como es el Cruze".
Finalmente, Meier propuso que provincia debe considerar la posibilidad de "tomar medidas extraordinarias como la quita de subsidios y beneficios" para "obligar" a General Motors "a rever su situación".