Vinculan al intendente de San Lorenzo con una red de trata de personas y venta de droga

El testimonio recibido hace más de un año por personal de la Comisaría de la Mujer de San Nicolás abrió el camino para revelar una red de trata de personas y venta de droga en San Lorenzo que este fin de semana tomó estado público por sus supuestos lazos con el intendente Leonardo Raimundo y la connivencia policial en la zona.

El dirigente radical fue mencionado por una mujer que en enero de 2017 fue a trabajar a la principal ciudad del cordón industrial desde el norte bonaerense porque debía mantener a sus tres hijos después de separarse de su pareja, con quien a su vez había sufrido situaciones de violencia de género.

De acuerdo al relato que figura en la causa impulsada desde agosto del año pasado por la Fiscalía Federal 2 de Rosario y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el titular de la Municipalidad llegó a llamar por teléfono a la mujer para coordinar un encuentro después de una cena en la que ella y otras víctimas que trabajaban en el prostíbulo fueron citadas como parte de la presentación de un candidato.

"Miriam le decía que ella tenía que ir a esos encuentros porque era eso lo que sostenía nuestro trabajo", reza el expediente al que accedió Clarín. Miram Norma Soto es la presunta líder de la organización que integran otras 11 personas, aunque es más conocida como la "Mamu". De acuerdo a la teoría de los investigadores, Raimundo y la policía garantizan la continuidad del negocio ilegal que incluye la venta de cocaína y marihuana principalmente a quienes llegan desde el puerto.

Ya pasaron 13 meses desde que surgió la declaración de la primera entre 16 mujeres explotadas detrás del drugstore Oroño apuntado como fachada a la altura del 800 sobre el bulevar del mismo nombre. En ese kiosco los clientes compraban los "pases" y luego las "citas" se concretan en los hoteles Triángulo, Maracaibo y California.

A pesar del tiempo transcurrido, hasta el momento no prosperó el pedido de declaración indagatoria que en mayo presentó el Ministerio Público Fiscal ante el juez federal rosarino Marcelo Bailaque.