Uber sigue despertando controversias no sólo entre los taxistas y quienes trabajan dentro de este sistema de traslado de pasajeros que se aplica en unas 400 ciudades en todo el mundo, sino también entre los políticos. Tras las declaraciones de la concejala María Eugenia Schmuck, desde el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR), sostuvieron que "no es compatible con las normas vigentes".
La edila había planteando que "sería interesante analizar la posibilidad de incorporar los aspectos diferenciales que plantean este tipo de aplicaciones", a lo que Carlos Comi, responsable del EMR planteó: Traería muchos inconvenientes para el sector de los taxistas. Defendemos el trabajo del legal de casi ocho mil personas".
"Una utilización de este tipo de herramientas como sucede en otras grandes ciudades, traería muchos problemas para el sector. Así que no está dentro de la normativa. Esta es una idea que se plantea ahora. No sabemos en qué contexto. No hemos hablado con la concejala con la que me une una amistad, pero no es una idea que esté trabajándose o ponderándose desde el Ente de la Movilidad", añadió.
En este sentido se habían manifestado ediles del interbloque Nacional y Popular. "La licencia misma es la desregulación absoluta, no solamente en cuanto a derechos de los trabajadores como de usuarios sino de la seguridad de los vehículos porque nadie los controla", explicó María Fernanda Gigliani.
La controversia con Uber es fundamentalmente el aspecto económico. Al no estar reguladas por el Estado, las tarifas son más bajas que las de los taxis y remises tradicionales, lo cual es interpretado como una competencia desleal.
"Uber no está dentro de las leyes vigentes en Rosario. Cuando me tocó ser presidente de la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal hemos sido muy claros al respecto: defendemos como hemos defendido siempre el trabajo legal de casi ocho mil personas que emplea el sector. Ese es un número muy importante en la ciudad", concluyó Comi.