Tres días después de la audiencia en la que se imputó al jefe de mantenimiento de Laboratorio Apolo de los delitos de estrago culposo agravado y lesiones graves culposas por al explosión ocurrida el 27 de junio de 2016, el juez penal Héctor Núñez Cartelle recomendó al fiscal a cargo de la investigación que evalúe la responsabilidad del Estado en las tareas de control.
El magistrado presentó este jueves un escrito en el que solicita "activar medidas tendientes a procurar, determinar y deslindar" la responsabilidad de "personas que debieron efectuar tareas de control" sobre el funcionamiento de la planta productora de fármacos ubicada en calle Além al 2900.
Núñez Cartelle fue claro a la hora de calificar que la investigación del fiscal Walter Jurado que no apuntó a los responsables del contralor "resulta al menos desatinado; más teniendo en cuenta que su actividad pudo tener una incidencia directa y definitiva en el resultado, y de incorporarlas a la secuencia pesquisante pueden provocar no solamente el esclarecimiento total del hecho, sino también darle una respuesta satisfactoria a las víctimas, tanto personales como materiales".
"La acreditación de la carencia de los debidos controles de parte de los representantes de los entes de contralor también podrán delimitar y consolidar la eventual responsabilidad que le pueda asignar al hasta ahora único incriminado", amplió Núñez Cartelle en el escrito de 6 carillas.
La imputación al jefe de mantenimiento -que fue aceptada por el juez- llegó después de varias semanas de postergaciones. Las pesquisas lograron determinar que en el momento de la explosión las válvulas de seguridad de la caldera, que hubieran impedido el siniestro, estaban cerradas. Y además que las alarmas y otros mecanismos que hubieran debido activarse frente al desperfecto, estaban "anulados y cortados".
El incidente arrojó seis heridos, uno de ellos con más d ela mitad de su cuerpo con quemaduras.