La Justicia inhibió a Puerto Roldán y a sus tres directores por una cifra cercana a los $6 millones. La medida se adoptó luego de que se denunciara que se seguían comercializando lotes del emprendimiento, pese que regía una medida que lo impedía.
El juez de 1° Instancia en lo Penal, Héctor Núñez Cartele, hizo lugar a la denuncia de los damnificados que advirtieron que continuaban las operaciones comerciales en el desarrollo. La maniobra denunciada consistía en hacer firmar al comprador un boleto de compra-venta con fecha de diciembre de 2013, antes de que rigiera el freno judicial a la venta de lotes por presunta estafa.
La promesa era que se firmaría el boleto definitivo meses más tarde. Sin embargo tiempo después los compradores se encontraban con que no podían escriturar, y en cambio podían perder aquello por lo que habían pagado.
"Metieron a la gente en un enorme problema porque si se ejecuta la deuda de Puerto Roldán, esos lotes caerán", advirtió Adrián Buenavida, abogado de los damnificados en referencia a los directores del proyecto, Damián Calabrese, Juan Manuel Gallardo y Hernán Virasoro, quienes fueron inhibidos por esta maniobra.
Precisamente la presentación ante la Justicia de uno de estos compradores, junto al recibo de expensas que indican diferencias en los lotes ocupados entre diciembre de 2013 y la actualidad, fueron las pruebas que llevaron al juez a adoptar esta medida.
"Apelaron esta resolución, pero hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo seguirán inhibidos porque se entiende que hay riesgo procesal y se podría tener que hacer frente a importantes pagos", dijo Buenavida a Vía Rosario.
Mientras tanto se aguarda por definiciones de la Fiscalía General en torno a la continuidad o no de la causa en manos de Sebastián Narvaja, quien estaba a punto de llevarla al juicio oral.
