La audiencia imputativa de un policía retirado por encubrir un intento de homicidio derivó este martes en el secuestro de los celulares de tres jefes de la fuerza posiblemente vinculados al caso. La Justicia adoptó la misma medida para investigar la actuación de otros 21 subalternos en torno a los hechos registrados el fin de semana en Puente Gallego.
La fiscal Marisol Fabbro decidió buscar evidencia en los teléfonos a partir de testimonios que señalan la presencia de autoridades de la Unidad Regional II en Biarritz y Copacabana tras el ataque a balazos por el que acusaron a Luis Van der Meulen (42). Además del presunto tirador, la funcionaria pidió la prisión preventiva de Eduardo Zapata (53), quien llegó a ocupar el cargo de director cuando prestó servicio.
Fuentes consultadas por Canal 3 detallaron que la sospecha sobre connivencia policial se extendió hacia un inspector zonal y dos de los responsables de Orden Público y Operaciones. Todos los móviles serán peritados a partir de la orden judicial solicitada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para determinar si el personal en funciones ayudó a su colega a ocultar las pruebas del episodio en el que hirieron a un joven y amenazaron a su pareja.
Entre otras dudas que busca despejar la unidad de Homicidios Dolosos, Fabbro advirtió un indicio frecuente en los casos de corrupción policial: los uniformados a cargo del operativo tardaron en pedir la intervención de la Fiscalía. De acuerdo a voceros vinculados a la pesquisa, los uniformados a cargo del procedimiento la notificaron cuatro horas más tarde.