La Caja Forense de Rosario reclamó formalmente que el concurso de acreedores de Vicentín Saic se tramite en los Tribunales de Rosario y no en Reconquista, aduciendo que la empresa tiene sus principales oficinas y realiza la gran mayoría de sus operaciones en esta ciudad. Agregó además, que los reclamos por cobro de créditos también han sido entablados en juzgados rosarinos. Están en juego millonarios honorarios.
La institución, que se encarga de proteger los honorarios y brindar cobertura de salud a los profesionales del derecho, aseguró que de esta manera busca resguardar los intereses de los abogados y procuradores de la ciudad de Rosario y la zona en cuestión, y también de la propia Caja.
"Nos vemos en la obligación de formular el presente planteo formal para que arbitren los medios necesarios a fin de evitar un perjuicio irreparable de gran magnitud para los profesionales del derecho, acreedores (mayormente pequeños y medianos productores) e instituciones de la ciudad de Rosario y su región", señala el texto presentado por el presidente y el vicepresidente de la Caja, Juan Manuel Costantini y Marcelo Casal.
El requerimiento de Caja Forense se sustenta en la doctrina del domicilio real. La institución resaltó que Vicentin tiene gran parte de los contratos concertados en Rosario y registrados en la Bolsa de Comercio de esta ciudad.
"Resultaría arbitrario e irrazonable que un concurso de acreedores de una empresa de la envergadura de Vicentin Saic se traslade al fuero civil de Reconquista, cuando casi la totalidad de los acreedores, operaciones e intereses vinculados al giro comercial de la empresa concursada se encuentran en Rosario y su región", argumentaron.
Por otra parte, Caja Forense también aduce que las empresas de corretaje de granos que intermedian con Vicentin están asentadas en Rosario, al igual que la mayor cantidad de acreedores, que son de la ciudad o zonas aledañas.
"Tramitar la causa en los juzgados rosarinos implicaría asegurar a todo aquel que pretenda acudir a la Justicia asegurar un juez natural que admita la petición sin necesidad de trasladarse cientos de kilómetros. No debería admitirse ni naturalizarse que las consecuencias jurídicas del proceso sean exportadas ni digitadas a un sitio ajeno o distante del núcleo central de los negocios", se indicó.