La crisis está teniendo su impacto en todos los sectores de la administración pública, especialmente en los presupuestos asignados para las obras de infraestructura. Pese a ello, el Gobierno provincial decidió no paralizar, pero sí ralentizar dos de las más importantes que estaba realizando en Rosario.
Dos de ellas son la remodelación integral de las avenidas Jorge Newbery y Juan José Calasanz. Los trabajos en la primera de ella se centran entre Wilde y Circunvalación, y tienen como objetivo mejorar la transitabilidad urbana y la conexión entre el Aeropuerto Internacional, el Autódromo y las localidades de Funes y Roldán.
Con un presupuesto aprobado en diciembre de 2018 de $300 millones, se planteaba ampliar la calzada a lo largo de un tramo de 1300 metros lineales para mejorar la circulación del tránsito en sentido este – oeste, y dar continuidad a la ampliación de avenida Sorrento y la culminación del puente vehicular sobre avenida Circunvalación.
En cuanto a Calasanz, los trabajos consisten en la construcción de una doble calzada de hormigón a nivel definitivo en un tramo que comprende 2.050 metros lineales desde Wilde a Miglierini. Una vez concluida, la avenida contará con cantero central, ciclovías doble mano, rampas de acceso, nuevo alumbrado público y nueva semaforización.
A la par de estas tareas, se continúa con el entubamiento del Emisario 10 desde la calle Nochetto (donde actualmente termina) hasta la calle 1617. El presupuesto original asignado a mediados del año pasado era de $220 millones. "El impacto económico sobre el presupuesto provincial ha sido significativo, y en el caso de estas dos obras se ha decidido bajar un poco el ritmo de ejecución", admitió el ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay.
El funcionario remarcó que ambas continuarán, pero algo más ralentizadas, y estimó que estarán concluidas en el primer trimestre de 2020. "La decisión ha sido la de continuar con las obras en marcha que estén avanzadas porque no tiene sentido pararlas, pero sí bajar el ritmo o postergar las menos relevantes", sostuvo.
Es que al aumento de costos, que en algunos casos alcanza el 60%, se le suma la caída de la recaudación por la parálisis de la actividad económica, además de la necesidad provincial de atender la mayor demanda social.