Marisa Macagno
La Voz del Interior publicó este lunes la elevación "a juicio de la causa contra el intendente de Monte Cristo". En la nota se informa que el "fiscal Anticorrupción y Penal Económico Nº 1 de la ciudad de Córdoba, Matías Bornancini, elevó a juicio la causa en la que acusa de defraudación por administración fraudulenta al actual intendente de Monte Cristo, Fernando Marcelo Gazzoni (49), y a siete familiares con los que comparte una conocida empresa agropecuaria de la zona.
Junto con el jefe comunal de Monte Cristo, están imputados por igual delito Andrea Paola Gazzoni, Celso Nazareno Gazzoni, Dante Nelson Gazzoni, Edgardo Pablo Gazzoni, Horacio Miguel Gazzoni, Leonardo Daniel Gazzoni y Omar Horacio Gazzoni".
Luego reconoce el informe que la elevación fue objetada por las defensas de los imputados, por lo que ahora será un juez de Control quien deberá decidir cómo seguir.
Desde el entorno del intendente Gazzoni, expresaron su asombro describiendo como "curioso informe judicial en medio de la campaña", y agregaron que justo "el domingo de carnaval se publicó una decisión judicial que es de fines de diciembre". También declararon que "el juez no decidió elevar la causa a juicio a los integrantes de la firma Miguel Gazzoni y es el único que puede disponer esta instancia".
Ante esta situación, se preguntaron: "¿Intencionalidad política o desinformación?"
EL INFORME DE LA VOZ
Los ocho acusados integran la firma Miguel Gazzoni e Hijos SRL, que se dedica a la compraventa de mercaderías relacionadas con el agro y también con la construcción y ramos afines. El objeto social se satisface con la siembra y explotación de granos en campos que arriendan, además del acopio de semillas propias y de otros productores de la región. La familia tiene un conglomerado de empresas que se complementan entre sí.
Según la acusación, durante años la firma gozó de un prestigio señero en la zona. Numerosos clientes le arrendaban sus campos, en ocasiones a cambio de granos. También le acopiaban su producción, que luego le era rendida oportunamente.
Uno de esos clientes era El Regreso SA, de Margarita Papalini y sus hijas Mónica y Andrea Campo, quienes tuvieron un vínculo comercial de 20 años. Le arrendaban su tierra a una de las firmas de Gazzoni y cobraban en granos que eran guardados por la acopiadora del mismo grupo. Pero todo se cortó cuando quisieron hacerse del cereal y no se lo entregaron. Tras una y otra dilación, reclamaron dos mil toneladas de semillas, lo que terminó en una causa penal.
La relación contractual se sostuvo hasta que en 2012 los Gazzoni fueron pidiendo postergaciones para pagar el alquiler y así se sucedieron varios diferimientos. En 2013 solicitaron un último aplazamiento, para presentarse de inmediato en concurso preventivo.
El mismo día que firmaron la última postergación con la denunciante, en la escribanía suscribieron la decisión de presentarse en convocatoria, según indica el expediente.
La denunciante Andrea Campo es representada por el abogado Matías Pueyrredón, quien sostiene que los Gazzoni actuaron de modo especulativo mientras demoraban el pago. Ahora, en el proceso en el fuero Anticorrupción, asegura que actuaron de modo dilatorio. El caso tiene otra vía abierta en en fuero Civil, con el concurso de acreedores.
Lo que agrava la maniobra es que, en el expediente tramitado por la Fiscalía Anticorrupción Nº 1, figura que los Gazzoni habrían querido justificar el pago de los granos mediante un “plan canje” con El Regreso. Para esto, presentaron un formulario en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), pero este no estaba asentado en los hechos.
El fiscal Bornancini tiene en la columna vertebral de la acusación una serie de medidas para desacreditar la existencia de tal plan canje. Figura un peritaje en el que participaron varios contadores y en el que quedó demostrada la falsedad del argumento, de acuerdo con lo que resolvió el funcionario judicial.
Pueyrredón sostiene que “hasta el mismo contador de Gazzoni” estuvo de acuerdo con el dictamen pericial referido al plan canje que no existió.
La investigación Con la documentación que secuestró de las sedes del grupo Gazzoni, se hizo el peritaje contable con control de las partes. El dictamen salió incluso con la firma del perito de la defensa. El resultado indicó que no hubo operaciones de canje entre las sociedades involucradas.
Además se ofició a la Afip, y el organismo indicó que no había registro de canje alguno entre El Regreso y el grupo Gazzoni. Desde el organismo impositivo nacional, indicaron que habilitar sólo a través del sistema informático un formulario de canje no acredita la veracidad y la existencia de la operatoria.
De este modo, para la fiscalía se logró desvirtuar la maniobra de los Gazzoni y quedó al descubierto el fraude en el que habían incurrido. Según las actuaciones, le provocaron a la sociedad administrada un perjuicio de 10 millones de pesos, a valores de 2013.
Pueyrredón se quejó porque los acusados, además de “negar los hechos y no dar explicaciones, hicieron un uso abusivo de la faz recursiva, con fines absolutamente dilatorios, sin conseguir nunca una respuesta exculpatoria y sin jamás demostrar la existencia del plan canje”.
Oposición Bornancini elevó las actuaciones a juicio el 28 de diciembre pasado. Tras la feria judicial, el estudio del abogado Darío Vezzaro formuló la oposición por su cliente Omar Gazzoni. En su escrito junto con Juan Alberioni, Vezzaro pide el sobreseimiento de los ocho acusados.
En la oposición presentada a Bornancini, los defensores señalan que no hubo voluntad de defraudar, sino, “por el contrario, siempre hubo voluntad de pagar por parte de ellos (los Gazzoni) y por eso se firmó el plan canje solicitado por Campo”.
Achacan a Campo que, luego de caída la operación del plan canje por el desestimiento de ella, “se firmaron los reconocimientos de deuda solicitados” por la misma Campo.
Además, señalan: “La señora Campo hizo firmar todo aquello sabiendo que ambas sociedades del Grupo Gazzoni sufrían un desequilibrio económico y temía no poder cobrar su acreencia, la que nunca fue desconocida por Gazzoni”.
Ahora, Bornancini elevó el expediente y debe dirimir la cuestión el juez de Control Nº 3, Esteban Díaz Reyna.