Marisa Macagno
La desaparición de un adolescente de 15 años tras ser sacado por la seguridad de un boliche en la ciudad de Arroyito durante el mes de junio, abrió el debate por el accionar de quienes se desempeñan como seguridad privada de eventos nocturnos sin contar con la habilitación correspondiente.
Los malos tratos, la discriminación, y otras actitudes de las personas a cargo de la seguridad en los boliches bailables principalmente, abrieron la discusión acerca de quiénes pueden desempeñar tal función y cuáles son los límites para la actuación de las personas contratadas por los propietarios de estos lugares.
Es importante destacar que existe una ley que regula la actividad de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada en Córdoba, y es la Nº 10571, donde se establece que quien desarrolle este servicio deberá estar habilitado por la Autoridad de Aplicación, que en Córdoba corresponde a la Dirección de Prestadores de Seguridad Privada de la Provincia dependiente del Ministerio de Seguridad; además de tener sus estudios secundarios completos, haber realizado la capacitación técnico habilitante y no tener antecedentes penales, entre otros requerimientos.
En el caso de una empresa de seguridad privada, además deberá darse de alta en Afip, en Rentas, solicitar la habilitación y pagar un monto que va desde los 35 mil a los 50 mil pesos para poder comenzar a funcionar como tal.
"En la zona, a mi entender, nadie está habilitado, sólo dos", sostiene Marcos Ruíz, director de la empresa M&R Seguridad y Asistencia Privada de Arroyito. Y agrega: "Pasa que cualquiera se pone una remera que dice Seguridad y empieza a brindar un servicio, pero eso en definitiva es una estafa porque no están habilitados y no toman dimensión de lo que están perjudicando tanto a los propietarios de los boliches como a los organizadores de fiestas".
Ruíz señaló: "A la hora de contratar un servicio de seguridad siempre hay que pedir el permiso que lo habilita a desarrollar la tarea, y a su vez, tiene que tener el seguro para los empleados", destacó respecto a las empresas de seguridad privada.
El propietario de M&R denunció que "muchos ponen en las remeras STAFF o CONTROL, porque saben que ser seguridad está regulado por la Ley, y acá o sos seguridad o no sos nada, no existe staff ni control".
Ruíz destacó las capacitaciones obligatorias que deben realizar, "esto no es para improvisados, corpulentos, fisicudos ni que midan 1.90 metro. Lo esencial de este servicio es la capacitación para que a la hora de un inconveniente se pueda mediar dialogando para que las cosas no pasen a mayores", explicó.
La Ley también establece que la contratación de servicios con un prestador de seguridad privado no habilitado, las hará pasibles de las mismas sanciones aplicables al prestador.
Además, en su artículo 5, detalla que los miembros de las empresas de seguridad privada prestarán sus servicios evitando todo tipo de conducta abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas, estando sujetos al principio de gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas.
Sobre la situación particular de la ciudad de Arroyito, Ruíz manifestó que "pasa algo muy especial. La Municipalidad notifica que para brindar seguridad tenés que tener el permiso Ministerial pero a su vez mira a un costado sabiendo que muchos no lo tienen y que ni siquiera presentaron trámite alguno en el Ministerio de Seguridad de la Provincia", y disparó: "En definitiva, acá lo que escriben con la mano, lo borran con el codo".
Además cuestionó la respuesta dada por el Concejo Deliberante, donde Ruíz habría solicitado la adhesión a la ley vigente. "Estamos siempre en la discusión que del área municipal te piden las constancias para desempeñar la tarea, pero a su vez todos hacen seguridad y ninguno tiene el permiso para hacerlo. Los ediles dicen que le corresponde a la Provincia realizarlo, entonces si le corresponde a la Provincia, ¿para qué te piden la documentación acá? Es inentendible", dijo lamentando la situación ante empresas no habilitadas que continúan prestando el servicio.