Francisco Vera
Durante la defensa del proyecto de Ley, destacó que se trata de "defender los puestos de trabajo" de taxistas y remiseros "que invierten, que pagan impuestos y dentro de la legalidad".
La Legislatura Provincial rechazó por unanimidad la implementación en Santa Cruz del "transporte de pasajeros no concesionado por el Estado Provincial y publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas", a partir de la modificación de la Ley Provincial Nº 2.417, que adhiere a la Ley de Tránsito Nacional 24.449, sistema conocido como "Uber".
Fue a través de una iniciativa presentada por el Diputado por el Pueblo de Las Heras, Víctor Álvarez, que fue acompañada por la totalidad de los legisladores "hasta tanto se elabore la legislación necesaria que asegure la competencia en igualdad de condiciones con otros servicios habilitados en la provincia".
Uber
Este servicio consiste en que con base en el desarrollo de tecnologías de dispositivos móviles, utilizando el sistema de posicionamiento global y plataforma independiente, se permite conectar a usuarios que lo demanden, punto a punto, con conductores que ofrecen dicho servicio mediante el uso de la misma aplicación.
Los legisladores entendieron que "para prohibir esta operatoria, se puede mencionar que este servicio, que se está prestando en forma irregular en otras zonas del país, no cuenta con seguro que cubra los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los permisionarios, ni los conductores y ni las empresas de transporte por plataformas electrónicas son responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio a los usuarios o terceros, ni tampoco tributan impuestos y/o tazas provinciales y/o municipales".
Finalmente, se sostuvo que "en la ciudad de Rio Gallegos, por ejemplo, las licencias de taxis otorgadas ascienden a la cantidad de 280, agregando las remiserías y servicios de transporte de escolares y otros habilitados, lo que suma más de 800 fuentes de trabajo genuino que se verán afectadas en caso de permitirse la prestación de este servicio sin adecuar la legislación vigente y estableciendo las condiciones necesarias para prestarlo".