Francisco Vera
Aníbal Fernández volvió a denunciar a la intervención del macrismo por la utilización de tarjetas de crédito de YCRT que se usaron para gastos personales.
Los argumentos recuperan la lógica de las causas de corrupción que avanzaron en los años de Cambiemos.
Entre octubre de 2016 y enero del año 2020, cuando ya Cambiemos había dejado el poder, el exinterventor de YCRT durante el macrismo, Omar Zeidan, y dos de sus colaboradores gastaron dinero de la empresa con tarjetas de crédito solicitadas al Banco Nación.
En una auditoría se detectaron gastos en "un verdadero brouchure de restaurantes de lujo, hoteles spa, vinotecas, cafés y bares", se lee en la denuncia penal presentada este martes por Aníbal Fernández en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de CABA.
El ardid comenzó el 8 de junio, cuando Mauricio Macri llevaba apenas seis meses en el Gobierno. Entonces, YCRT atravesaba -según el relato de la gestión- una crisis sin precedentes como consecuencia de la corrupción en la que la había sumido el kirchnerismo.
En plena diatriba que incluyó denuncias penales contra los administradores del gobierno anterior, retiros voluntarios y la expulsión de decenas de trabajadores, Zeidán (tarjeta Nro. 4793770000048638), junto al excoordinador general, Sergio Lumachi (tarjeta Nº 4793770000048646), y la secretaria privada y cuñada de Lumachi, Cintia da Silva (tarjeta Nº 4993770000048653), enviaron una nota al gerente del Banco de la Nación Argentina solicitando la contratación de una tarjeta de crédito corporativa "Visa Business", un plástico para cada uno.
Los gastos que fueron pagados con dinero de la empresa se dieron durante tres años y siete meses, y nada tuvieron que ver con los asuntos de la minera del Estado Nacional, por eso ahora Fernández pide que se los impute a los tres como coautores del delito de peculado o bien por administración fraudulenta.
"Solicitaré que esta denuncia también se considere formulada contra toda aquella otra persona que durante el transcurso de la investigación pueda resultar identificada como posible coautor, cómplice, instigador o encubridor de las conductas que constituyen el objeto de la presente", se lee en la denuncia penal, que acompaña los resúmenes bancarios de las compras que se hicieron en varias provincias, lo que demostraría "las maniobras de sustracción" a YCRT.
En paralelo, el 6 de octubre último, el actual coordinador general de YCRT, José Lucas Gaincerain, inició las actuaciones en el Departamento de Sumarios de la empresa para conocer cómo fue posible la maniobra y aportar más pruebas.
La demanda incluye una serie de argumentos, entre ellos algunos vinculados a las causa que se desarrollan en Comodoro Py contra las autoridades de la empresa durante el kirchnerismo, que terminaron en varias detenciones, entre ellos la del exinterventor Atanasio Pérez Osuna. Esto por si acaso ahora la Justicia entendiera que no es competente para atender el escándalo de las tarjetas de crédito.
“... el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 de esta ciudad, en el marco de la CFP 1.099/2020, se declaró competente para conocer en el marco de una pesquisa en la que se investigan hechos de supuesta administración fraudulenta de YCRT”, recuerda Fernández, que pide que se lo convoque a ampliar la denuncia y se cite a declarar a los tres acusados.
Primera denuncia
En marzo de este año, el exjefe de Gabinete de la Nación realizó la primera presentación judicial en contra de Zeidán, a quien acusó de haber conformado una asociación ilícita "que habría causado un perjuicio patrimonial al Estado por la suma aproximada de 156 millones de pesos".
Ahí, además del rioturbiense, están involucrados su hermano, el exconcejal Samir; Raúl Guimard, exsubgerente de Recursos Humanos de YCRT, y Lumachi.
Semanas antes, Fernández había revocado el contrato de 417 agentes, que fueron ilegalmente designados en plena campaña electoral e incluso, en buena parte, cuando ya Cambiemos había perdido las elecciones.
De los 419 contratados, 417 fueron pasados a planta permanente sin que existieran instrumentos legales para la designación, ni mucho menos presupuesto. Una verdadera contradicción para una administración que el 24 de abril de 2018solicitó ante el Ministerio de Trabajo el inicio de un procedimiento preventivo de crisis, despidiendo a 500 trabajadores de la mina.
(Fuente opinión austral)