Francisco Vera
La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), manifestó su respaldo al interventor del ENARGAS, Federico Bernal, que denunció a ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.
Entre los denunciados se encuentran Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería (MINEM), Marcos Porteau, ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM, y Mauricio Roitman, ex Presidente del Directorio del ENARGAS.
Bernal afirmó que el ex ministro Aranguren habría generado "un endeudamiento espurio" de US$ 561 millones con las empresas productoras y distribuidoras de gas que "se lo transfirió a los usuarios y al Estado".
El presidente de la FESC, Guillermo Polke, afirmó que “nuestra la entidad apoya a las autoridades del ENARGAS, que han decidido denunciar ante la Justicia a los ex funcionarios macristas por presunta comisión de delitos. En especial al ex ministro Aranguren, que ha generado tantos perjuicios económicos a nuestra región por las medidas que llevó adelante en contra de los usuarios del servicio público de gas, y también en menoscabo del propio Estado”.
Por su parte, Paulo Lunzevich, vicepresidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA) e integrante de la comisión directiva de la Asociación Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos, acompaña la postura de la FESC, y respalda a las autoridades del ENARGAS.
Por último, Polke recordó los inconvenientes que tuvo el sector comercial y empresarial de Santa Cruz por las políticas tarifarias que se adoptaron durante la administración de Macri. "No podemos olvidar que cuando asumió Aranguren, aplicó una suerte de tablita de precios en dólares que llevó el costo de los servicios, en especial del gas por las nubes, perjudicando tanto a la actividad comercial y turística de la región, y ni hablar de los usuarios domiciliarios a quienes se le exigieron valores irrisorios e injustificables.
Por ello, es necesario que la Justicia investigue a los ex funcionarios que han llevado tan llamativa y costosa política tarifaria que puso en aprietos tanto al sector comercial y empresarial como a los usuarios particulares”.