Francisco Vera
La fiscal Fabiana León pidió este martes penas de 4 años y 6 meses de prisión para el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y el detenido ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Atanasio Pérez Osuna, en el juicio por el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de un camino que nunca se realizó.
La fiscal formuló su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 y dio por probado que hubo una "sustracción" de 50 millones de pesos al Estado Nacional a través del pago de un anticipo a la empresa Fainser, de Lascurain, por la construcción de la ruta.
León reclamó, además, que se le embarguen todos los bienes a Lascurain porque fue, de acuerdo a la investigación, quien se quedó con el dinero del anticipo de la obra. Los acusados por el delito "peculado" son Lascurain, Osuna -quien era intendente de la localidad santacruceña de Río Turbio cuando quedó detenido en el caso-, el ex coordinador de YCRT Miguel Angel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazú y el ex asesor Juan Vargas.
Se trata de la primera investigación por delitos en Río Turbio que es juzgada, en tanto ayer el juez federal Luis Rodríguez envió a juicio al detenido ex ministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido y al ex secretario de Coordinación de ese ministerio Roberto Baratta, entre otros, por supuesta defraudación en la parte central del caso.
"El cúmulo de pruebas me permite afirmar que esa entrega de dinero fue una sustracción de caudales, y está prevista en el Código Penal como peculado", sostuvo León en la audiencia que se realizó en el Palacio de Tribunales porteño, donde tiene su sede el TOF 7.
La fiscal remarcó que el pliego de condiciones que licitó la construcción de la ruta de siete kilómetros, el llamado "Camino de los Mineros" para facilitar el tránsito en la zona del Yacimiento, "no preveía pago de anticipo alguno".
Además, sostuvo que la "contribución de Lascurain fue imprescindible para sustraer los 50 millones de pesos" entregados como anticipo en tres pagos, el último de ellos el 9 de diciembre de 2015, "cuando ya se sabía que iba a cambiar la intervención de YCRT".
El contrato para la readecuación del camino se había firmado el 29 de junio de 2015 y tuvo una adenda que permitió el pago del 15 por ciento del total, 494 millones de pesos, como anticipo, según la investigación del Ministerio Público.
"Hubo irregularidades e ilegalidades", enfatizó la fiscalía. Y, advirtió que así "se privó al Estado Nacional de 50 millones de pesos que ilegítimamente se apropió Fainser", tras lo cual remarcó que la empresa carecía de experiencia en construcciones viales.
También resaltó que Mazú, otro de los acusados, "sabía que el anticipo no debía pagarse si el proyecto no estaba aprobado. Su rol fue esencial". Para la fiscal, se montó "un andamiaje para dar justificación a la sustracción de caudales del patrimonio estatal mediante un convenio marco y una adenda que lo posibilitarían".
Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero tienen previsto dar su veredicto a mediados de octubre.