Candela Rodríguez
Este jueves, se difundió un video en el que se expone la situación del Servicio Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia, Chaco. En el clip se puede escuchar a uno de los presos hablando por teléfono con una persona, a la que le pide que vaya a un Rapipago para realizar una transacción a cambio de un auto.
El hombre estaba negociando un pago con una mujer, al parecer, desde el pabellón 17, en la zona de planta alta. “Me avisa cuando llega al Rapipago, ¿en qué se va a dirigir?”, comenzó la conversación entre el recluso y la presunta compradora.
“Quédese tranquila. No quiero problemas ni complicaciones, no quiero que esté la Policía”, continuó el hombre. Luego, le preguntó su nombre y ella contestó ‘Milagros’. Entonces, el preso le aseguró que iban a realizar la operación mientras estaban en la llamada.
“Lo hacemos todo en llamada, no se corta en ningún momento hasta que mi hermana no le entregue el auto a usted”, aseguró el hombre detenido en el Servicio Penitenciario N°1 que fue grabado, supuestamente, por un efectivo.
Desde el Comité de Prevención contra la Tortura dijeron que hay que investigar al policía que grabó el momento
Desde Diario Chaco intentaron comunicarse con Gilda Erika Maidana, directora general del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), pero dijeron que se encontraba en una reunión y no podía atenderlos. Entonces llamaron al Comité de Prevención contra la Tortura y obtuvieron respuestas.
Kevin Nielsen, presidente del organismo, dijo que después de darse a conocer el video, se contactó con el jefe del Servicio Penitenciario N°1 para preguntarle si es el video era actual y le contestó que si.
“El uso de celulares siempre existió en las unidades penales de manera clandestina y hace un año se legalizó”, remarcó Nielsen. Al ser consultado sobre que consecuencias tendría el hecho, el jefe del penal enunció que “estaba esperando directivas de la superioridad respecto a que vía o acciones emprender”.
Luego, Nielsen planteó que, por lo que se puede notar, el video fue grabado por un efectivo, ya que las imágenes fueron tomadas desde el techo, “en donde están de consigna los celadores para brindar la seguridad de perímetro, con lo cual hay que investigar por qué este agente penitenciario no hizo las actuaciones correspondientes ante este hecho”, manifestó.
Desde el Comité consideraron que se trata de un “caso aislado” de las 3000 personas que se encuentran privadas de la libertad en la provincia del Chaco, por lo que “no debería ser el motivo para restringir este derecho que ha traído múltiples beneficios”.
Ante este tipo de acontecimiento, el protocolo dice que se debe abrir un acto para informar del caso y, posteriormente, interviene el cuerpo de seguridad para la realización de una requisa y así conocer los motivos del delito.