El gobernador Domingo Peppo firmó esta mañana el proyecto de ley de Tope salarial que será enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento legislativo. La iniciativa incluirá a trabajadores activos y pasivos de la administración pública y funcionarios, se busca fijar como tope diez salarios mínimos, vitales y móviles por un año. "Es una medida de excepción, de emergencia y solidaridad", afirmó.
"Ante la difícil situación económica de empleo y trabajo por la que se encuentra atravesando la provincia y que es producto de un contexto nacional complejo, es que tomamos la decisión de impulsar esta ley para crear un fondo que solvente programas alimentarios", argumentó Peppo e indicó que "con mucho esfuerzo buscamos optimizar nuestros recursos para concretar acciones direccionadas a los menos beneficiados, y con el objetivo puesto en generar mejores condiciones de vida".
El proyecto de ley impulsará establecer un tope salarial, en el ámbito de la administración central del Poder Ejecutivo, organismos autárquicos y descentralizados. También en las direcciones generales de Finanzas, Contaduría, Tesorería, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y de Investigaciones Administrativas, Sameep, Secheep, Ecom Chaco S.A. se aplicará al personal y a los funcionarios.
Firmé el proyecto de #ley de tope #salarial para agentes activos y pasivos de toda la Administración Pública, incluyendo a funcionarios, para luego ser enviado a la Legislatura. El tope se fija en 10 salarios mínimo, vital y movil, por un tiempo de 12 meses. pic.twitter.com/uAiLOfJm9J
— Domingo Peppo (@domingopeppo) August 2, 2018
Con respecto a los diez salarios mínimos tomarán la última remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, o cargo que reviste, en su totalidad salarial. La disposición comprenderá a los beneficiarios actuales y futuros de jubilaciones, pensiones y retiro, administrados por el INSSSEP, cualquiera sea su origen legal y justificación, sin excepción alguna.
Este proyecto se encuentra en el contexto de la emergencia social y alimentaria, a los efectos de asegurar la atención de las necesidades básicas de alimentación de la población en condiciones de vulnerabilidad. Es por ello, que el proyecto establece que la diferencia de haberes que surja de la aplicación de la ley serán destinados a la constitución de un Fondo Especial Alimentario para financiar programas alimentarios, que serán ejecutados en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, y que tendrá por objetivo cubrir las demandas de los sectores más vulnerables de la provincia. Según publicó Primera Línea.