Florencia Orzanco
Este lunes la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó un fallo de primera instancia e hizo lugar a la demanda de la Asociación Comunitaria La Matanza ordenando al Estado Nacional a pagar indemnizaciones y también realizar inversiones públicas para promover el desarrollo del pueblo Qom por 10 años.
El fallo lleva las firmas de las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, de la Cámara Federal de Apelaciones de la localidad chaqueña de Resistencia. La decisión del tribunal se fundó en una apelación contra el fallo de primera instancia de la jueza federal Zunilda Niremperger, que reconoció la existencia de la Masacre de Napalpí pero consideró que la asociación demandante no estaba legitimada para reclamar una reparación económica.
Para definir la indemnización, el fallo de la Cámara Federal precisó que lo que dificultaba su cálculo era el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la falta de sobrevivientes y que no fue posible dar sepultura a los fallecidos, lo que dificultó la tarea de cuantificar el número exacto de víctimas de la Masacre, informó ChacoDíaPorDía.
En ese marco, la jueza Denogens manifestó: "Lo que me convence de la procedencia de una reparación 'in totum', que procure el desarrollo de la comunidad indígena que vio afectados sus derechos durante tantos años, y que constituya la vía que garantice por parte del Estado Nacional la implementación de políticas públicas tendientes a reparar los daños sufridos por los integrantes de la etnia".
Indemnizaciones al pueblo Qom
Las indemnizaciones equivalen a 1.800 salarios mínimos, vitales y móviles (actualmente en $16.875) para la Asociación Comunitaria La Matanza, en razón de 360 salarios mínimos por año, durante cinco años.
La otra indemnización es de 19 mil salarios mínimos, vitales y móviles (a razón de 1.900 anuales, durante 10 años) que deberán ser destinadas a inversiones públicas en beneficio de los integrantes del pueblo Toba, a los fines de promover su desarrollo.
Las inversiones a realizar por el Estado serán a requerimiento e indicación de la "Asociación Comunitaria Colonia La Matanza" bajo la auditoría y asesoramiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), y deberá cumplirse en forma progresiva.