La jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, citó a declaración indagatoria a la actual diputada nacional, Aída Ayala, para el martes 12 de noviembre en el marco de una investigación en su contra por presunta defraudación contra la administración pública cuando cumplía funciones en la Nación como secretaria de Municipios.
Esta causa se inició a partir del testimonio como “testigo arrepentido” del intendente de la localidad de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien dio detalles de un sinnúmero de acusaciones contra Ayala y dos de sus asesores, uno de los cuales era, además, su yerno. En un principio, Niremperger se declaró incompetente por cuestión de jurisdicción y posteriormente fue ratificada al frente de la causa por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, en una sentencia a favor del fiscal federal Patricio Sabadini, que apeló ante el tribunal de alzada.
Las investigaciones apuntan a supuestas maniobras que se habrían realizado cuando Ayala se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de Nación, en la gestión de Mauricio Macri, entre 2015 y 2017. Según la denuncia de Casalboni, desde esa oficina nacional bajaban fondos a diferentes localidades “con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”. Por esta primera declaración ya se hicieron varios allanamientos incluido el estudio legal del abogado Matías Balmaceda Paiva, ex yerno de Ayala y asesor en esos años.
En abril de este año, el fiscal Sabadini pidió la indagatoria de la actual diputada nacional, teniendo en cuenta que "ha quedado acreditado que bajo dirección de Aida Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales -del Ministerio del Interior de la Nación-, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido el señor Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos, y que ello ha sido efectuado mediante las firmas de Convenios entre la Municipalidad de Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales”.
La línea que investiga el fiscal apunta a desentrañar si "se habría diseñado un plan metódico, que habría requerido para su concreción: que desde el municipio de Quitilipi se tome la decisión administrativa de obviar el proceso de licitación requerido por la normativa específica en relación al monto del financiamiento; que la autoridad máxima de dicha comuna, al haber optado por el sistema de contratación directa, se incline por realizar la compra del supuesto destinatario predilecto por parte de quienes habrían esquematizado el plan de acción; que por medio de la municipalidad de mención se inicien las actuaciones administrativas necesarias para solicitar el financiamiento, aportando a su vez el presupuesto presuntamente cargado con sobreprecios a las autoridades de la Secretaría de Asuntos Municipales; que los fondos emitidos por Nación ingresen al erario municipal". Todo este párrafo figura integralmente en el expediente en cuestión.