Pasarán varios días para que la orden dispuesta por la jueza federal número 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger se cumpla, ya que, por la intervención del Comité Contra la Tortura y el poder ejecutivo del Chaco, a instancias de lograr una mediación que garantice un procedimiento sin consecuencias para los miembros de las fuerzas que intervendrán y las 400 familias instaladas en esas tierras que están bajo control de la Administración de Bienes del Estado nacional.
No hay fecha de desalojo por la causa que quedó a cargo ahora del juez federal 2 Enrique Bosch, quien se mantiene con cautela acerca de adoptar temperamento y proceder en sintonía con Niremperger.
Cuando el sábado salió la orden de desalojar a los ocupantes ilegales del extenso predio de avenida España, también en Castelli y calle 25, que está bajo el control de Administración de Bienes del Estado (ABE), la medida no se pudo cumplir por problemas de logística, como por ejemplo falta de camiones para trasladar las chapas y pertenecías de la gente, personal de fuerzas de seguridad y el temor de heridos de ambos lados, policías y usurpadores.
Desde comienzo del incidente el Comité Provincial contra la Tortura intervino para lograr que se encause el conflicto en una mesa de diálogo conformada por entes del estado provincial, por lo que en ese punto está la clave en establecer qué rol asumirá el gobierno de Domingo Peppo, que por el momento tiene a la secretaría de Derechos Humanos como garantía de que se respetará la integridad y cuidado de las 400 familias instaladas desde hace más de dos semanas en los terrenos -donde se cree a futuro- el Banco Hipotecario podría construir complejos habitacionales.
La razón es que también la justicia espera que el ministerio de Gobierno llame a las partes, aunque hay moderación en la cartera que conduce José María Quirós por entender que es competencia nacional.
El juez Bosch apela a la esa instancia previa de acuerdo, antes de ordenar a Gendarmería y Policía de la provincia que se cumpla con el desalojo, aunque la orden está provisoriamente suspendida y los plazos podrían extenderse más allá de los escenarios electorales.