El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó el jueves que se detenga a David Ricardo Lescano, Nanci Beatriz Giménez y Rolando Oscar Hipperdinger, en la causa que se conoce como Lavado III. Durante el viernes la jueza federal Zunilda Niremperger hizo lugar a las medidas solicitadas. Es posible que todos ellos presten declaración indagatoria el lunes ante el juzgado federal de Resistencia, que entiende en el expediente.
Fueron detenidos el año pasado el exintendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, el jefe comunal de Castelli, Oscar Alberto Nievas, el exsecretario José Hipperdinger y parientes de este último. En tanto, los nuevos detenidos estarían implicados en las operaciones que están bajo investigación pero su participación habría sido descubierta, en parte, gracias a los elementos recolectados luego de los allanamientos que se concretaron el año pasado.
Entre otras cosas, "el fiscal (sobre Lescano) detectó una gran cantidad de pagos formalizados mediante cheques librados desde las cuentas bancarias del Municipio de Villa Río Bermejito hacia él, que sería socio gerente de Comercial del Norte, y luego endosados a favor de Heffner", señaló una fuente consultada. También habría documentado "el hallazgo en su poder de los contratos sociales, manifestación de bienes y factureros de Comercial Norte y Damar, circunstancias que indicarían que detenta el manejo comercial y económico de dichas razones sociales".
Asimismo Gendarmería encontró varios pagarés en que Heffner es el acreedor y el deudor de Lescano. El total de los documentos cuestionados es de algo más de 29 millones de pesos. A su vez hay elementos que permitieron que "el fiscal crea que el incremento patrimonial del imputado resulta incompatible con los ingresos obtenidos en el desarrollo de una actividad lícita".
Sobre Giménez, la concubina de Heffner, descubrió que "se habría transferido un inmueble municipal existiendo una diferencia de $198.750 entre el valor de la concesión en venta ($1.250) y el declarado en el período 2010 por el exintendente ante la F.I.A. ($200.000)".
Luego se transfirió "otro terreno municipal de más de tres hectáreas respecto del cual, entre los años 2016 y 2018, concretó siete operaciones de compraventa que le permitieron legitimar un total de $735.000". Para el fiscal, las conductas desplegadas por "los acusados revisten adecuación en el tipo penal de lavado de activos con la agravante por habitualidad y ser miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza".